Al Gobierno no le suena eliminar los cargos fijos

El Gobierno Nacional considera inadecuado adelantar en este momento modificaciones al actual régimen de servicios públicos domiciliarios, por lo que presentó sus observaciones al proyecto que cursa en la Comisión Sexta del Senado de la República. Para el Ejecutivo, el esquema actual ha tenido avances importantes en cobertura y calidad, además de permitir el fortalecimiento de las empresas públicas, privadas y mixtas, a través de planes de inversión. Dentro de los reparos del Gobierno a la iniciativa, cuyo ponente es el senador Alexander López, es que con ella el país no lograría avanzar al 100 por ciento de cobertura, ya que desviaría los recursos de inversión destinados para tal fin. Considera además que la inclusión de representantes de la ciudadanía como miembros de las comisiones de regulación implica la pérdida de independencia y autonomía de estas entidades, así como su especialización y capacidad técnica. En este aspecto, el informe de ponencia de López destaca que con la iniciativa se incluyen "funciones y mecanismos de control social a los usuarios que no habían sido desarrollados en los quince años que tiene la Ley 142 de 1994. Además porque le establece funciones especificas a los alcaldes municipales en materia de autonomía municipal en materia de prestación de servicios públicos". En este punto tampoco coincide con la apreciación del Gobierno, que considera que los mandatarios locales no tienen competencias regulatorias en materia de servicios públicos domiciliarios y que, en el caso en que se trate de un municipio prestador directo, tendría un papel de juez y parte. Para el Ejecutivo, en cuanto a la prestación del servicio de energía eléctrica el proyecto de ley concibe el sistema como un conjunto de mercados municipales, cuando éste tiene un carácter eminentemente nacional. "Es ilógico concebir el establecimiento de las tarifas para la remuneración de las actividades de generación, transmisión y distribución a partir de la esfera municipal", dijo una fuente del Gobierno. Frente a la posibilidad de eliminar el cargo fijo, el Ejecutivo dijo al Congreso que esto podría distorsionar la formación de precios y el diseño de tarifas, afectando a los usuarios de menores ingresos. Para López, la eliminación del cargo fijo es necesaria, pues "es un derecho del consumidor decidir si usa o no el servicio público y de la misma forma esto debe reflejarse en su factura". Afirmó además en la ponencia del proyecto que algunas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios trasladan los costos tarifarios exclusivamente en la cabeza de los usuarios, "violando y atropellando sus derechos". La inclusión de las telecomunicaciones en la iniciativa es otro de los temas que no comparte el Gobierno, al considerar que los servicios de datos y voz son independientes de la ubicación física de los terminales, por lo que no tienen carácter domiciliario.