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Anulan disposiciones que regulan las funciones de los curadores urbanos

El Consejo de Estado anuló apartes del Decreto 1347 expedido el 6 de julio de 2001, mediante el cual se establecieron las condiciones y requisitos para la designación de curadores urbanos.

Según el apoderado legal del Colegio Nacional de Curadores Urbanos, organización que interpuso la demanda, el gobierno procedió en forma equivocada ya que en vez de presentar un proyecto de ley para regular los impedimentos que existen para ocupar el cargo de curador urbano, resolvió establecer las condiciones por decreto.
"El artículo tercero del Decreto 1347 de 2001 fue expedido sin competencia, con lo cual se vulneró el principio de separación del poder público consagrado en la Constitución Política, pues dicho acto administrativo debió respetar la jerarquía normativa", señalaron los voceros de la entidad en el litigio.
Así mismo, aclararon que los temas relacionados con los impedimentos, incompatibilidades y sanciones disciplinarias de los curadores urbanos le corresponden al legislador y por esta razón no se pueden reglamentar por decreto.
La especialista Yaneth Vega Becerra explicó que el numeral dos del artículo segundo de dicho decreto se excedió en su potestad reglamentaria al modificar la experiencia exigida para los curadores que pasó cinco años a diez años.
"El acto demandado debía complementar la ley pero no sustituirla porque en la citada ley se facultó al Gobierno para que dentro de un término no mayor de 30 días después de su entrada en vigencia, expidiera la reglamentación, pero en este caso la disposición es ilegal porque se cambiaron decisiones de fondo plasmadas en la norma", indicó Vega.
Teniendo en cuenta este panorama legal, los curadores se regirán por el artículo 101 de la Ley 388 de 1997, el cual dispone que este trabajador particular puede ejercer las funciones públicas de naturaleza administrativa, pues se responsabiliza del estudio, trámite y expedición de licencias de urbanismo y construcción dentro de su respectiva jurisdicción.
La norma también señala que el curador urbano es designado, previo concurso de méritos, por el alcalde municipal o distrital para períodos individuales de cinco años, con la posibilidad de ser nombrados de nuevo para el mismo cargo.
En cuanto al artículo tercero del Decreto 1347 de 1997 la Sala indicó que no puede prosperar porque hay confusión entre las diferencias que existen entre los vocablos inhabilidad, incompatibilidad e impedimento para efectos de determinar las competencias de los curadores.
"La inhabilidad se define como aquellas circunstancias creadas por la Constitución y la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea designada en un cargo; en tanto que la incompatibilidad hace referencia a aquella tacha de orden legal que impide ejercer una función determinada", precisa la Corporación.
Para el caso de los curadores opera el principio de reserva legal en virtud del cual ciertas decisiones normativas tienen rango de ley encontrándose ligadas a los procedimientos democráticos, como lo ha establecido la Corte Constitucional.
El Consejo de Estado precisó que dicha reglamentación desborda los límites máximos establecidos en la Ley 388 de 1997, ya que el Gobierno Nacional se ocupó fue de regular la calificación de los concursantes que aspiran a ejercer funciones de curador urbano y establecer unas causales de impedimento para ocupar tales cargos.
Por todo lo anterior, concluyó que es claro que el Gobierno Nacional al expedir los actos acusados actuó sin competencia, ya que el legislativo no le concedió facultades extraordinarias para regular este tipo funciones.
El Colegio Nacional de Curadores Urbanos espera que la regulación que quedaron sin piso jurídico se precise en un proyecto de Ley que debe hacer trámite en el Congreso de la República, que es el organismo facultado para realizar esta tarea. Por el momento no se ha estructurado la propuesta para definir las funciones respectivas.

RESPONSABILIDAD
Según lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 388 de 1997, el curador urbano es un particular que ejerce funciones públicas, concretamente de naturaleza administrativa, pues se responsabiliza del estudio, trámite y expedición de licencias de urbanismo y construcción dentro de su respectiva jurisdicción, razón por la cual sus actuaciones se rigen por los principios funcionales consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

CONCURSO
El Consejo de Estado invalidó las disposiciones según las cuales no podían concursar para curadores urbanos quienes hayan demostrado ineficiencia en la prestación del servicio al no pronunciarse sobre las solicitudes de licencia en los términos previstos. Se considera que hay ineficiencia cuando las solicitudes son aprobadas mediante la protocolización del silencio administrativo positivo.
LICENCIAS
En la no derogada se decía no podían aspirar a curadores quienes hayan demostrado desconocimiento o falta de acatamiento de las normas urbanísticas aplicables a los proyectos sometidos a su estudio y aprobación. Se considera que existe desconocimiento cuando una o más de las licencias expedidas hayan sido revocadas

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