Según Asobancaria, las entidades financieras pueden recibir recursos provenientes del lavado por los delitos de: tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, secuestro, rebelión, tráfico de armas.
financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas ilegales, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública y delitos ejecutados bajo concierto para delinquir.
El tema es de vital importancia para las entidades financieras que en algunos casos terminan administrando recursos de empresas que comenten delitos contra la administración pública, como sucedió con Proyectar Valores, que ha sido relacionada con el Grupo Nule. Este caso terminó con la intervención de la Superfinanciera a la comisionista.
Sin embargo, uno de los objetivos del Congreso es establecer que el lavado de activos no es solo un problema de las entidades del sector financiero. “Los actores de otros sectores deben entender más de esta problemática y coadyudar también a identificar y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, dijo el gremio de banqueros.
De hecho, se espera que se haga énfasis en el hecho de que el sector financiero colombiano es uno de los pioneros en las labores de identificación, medición y mitigación de riesgos relacionados con el lavado de activos en el mundo. “Por eso a este Congreso vienen representantes de otros países que quieren aprender de las experiencias en Colombia”, señaló Asobancaria. El evento contará con la presencia, entre otros, del ministro del interior, Germán Vargas ; el superfinanciero, Gerardo Hernández; la fiscal, Viviane Morales; y el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega.
GREMIO PIDE CUIDADO AL SECTOR REAL
Para María Mercedes Cuéllar, presidenta de Asobancaria, “cada vez las empresas del sector real están más expuestas a sufrir ese tipo de flagelos, por lo cual sus administradores deben ser conscientes de la responsabilidad administrativa y penal que tienen y que pueden enfrentar por desconocimiento de la regulación nacional e internacional”, y añadió que cuando las empresas son utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito o para financiar actividades terroristas, se exponen a ser severamente castigadas por la sociedad y la ley.
