Los bancos y corporaciones comenzaron a revisar con atención los recursos que reciben a nombre de partidos y candidatos políticos, porque es en este momento donde crece el riesgo de recibir recursos provenientes del narcotráfico y otros ilícitos. Por esto, no sólo siguen los consejos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) o del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafi), sino que han aumentado las medidas al extremo de no abrir ninguna cuenta para estos grupos. Ese es el caso de la Cooperativa Financiera Cotrafa, que en su Consejo de Administración del 30 de septiembre de 2009 aprobó por unanimidad no aceptar la apertura de cuentas de campañas o partidos políticos, adhiriéndose al manual del Sarlaft. Según la Superintendencia Financiera, el contexto preelectoral actual expone a las compañías al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. No obstante, cada empresa deberá decidir qué metodologías adoptará para la identificación de los donantes y aportantes de manera que permitan un control y monitoreo estricto de las operaciones que se realicen. No sólo las cooperativas han tomado decisiones frente al tema. Los bancos han recibido advertencias sobre los recursos que pueden ser consignados en el período preelectoral que se avecina. "Quiero invitar al análisis detallado en materia de control en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que impone el proceso electoral próximo a llevarse a cabo en Colombia. Es de recordar que es preciso cumplir con disposiciones estrictas y controles especiales establecidos en la ley a fin de que las campañas políticas sean transparentes en términos del origen de los recursos que las financian, así como del destino de las inversiones que se realizan", aseguró la presidenta de la Asociación Bancaria y de entidades financieras, María Mercedes Cuéllar. Entre las medidas que deben tomar los bancos se encuentran la identificación de operaciones inusuales vinculadas a donaciones, reconocer cuáles personas están autorizadas a efectuar operaciones de las cuentas. Estos trabajos se realizan en coordinación con los responsables de las campañas. Especialistas en el tema opinan que este tipo de medidas deben ser aplicadas de manera más estricta en las provincias, dado que es en estas regiones en donde el riesgo de blanqueo de dinero es más alto. A pesar de las medidas que han tomado las instituciones, para las autoridades internacionales, como el Grupo de Acción Gafi, los procesos contra las personas expuestas políticamente (PEP) pueden no acatar la totalidad de la ley, porque en muchos casos la información relacionada con ellos puede ser privilegiada. Las campañas se financian mediante la donación de recursos de empresas y personas naturales, además del patrimonio propio del candidato. Sin embargo, para tener una competencia justa el Consejo Nacional Electoral, limita el monto que puede gastar cada partido político, hecho que también ayuda a mantener el control a las entidades financieras. HISTORIA QUE SE REPITE EN EL TIEMPO En Colombia los casos de financiación del terrorismo y del lavado de activos oculto en campañas políticas, se ha repetido en distintos momentos de la historia. El último caso conocido se dio durante el Gobierno de Ernesto Samper, en los años 1994 a 1998, cuando se abrió el proceso 8.000 para investigar cómo se había financiado la campaña presidencial. Pero si se mira más atrás, gobiernos como el de Alfonso López fue acusado de recibir dineros de Pablo Escobar y el de Belisario Betancourt estuvo rodeado de rumores de financiación de dineros del narcotráfico, aunque no hubo una investigación al respecto.
Económica
Banca extrema seguridad por la época preelectoral
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()