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Cambios al estatuto de contratación pública dificultan su aplicación

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Después de 20 meses de haber entrado en vigencia la Ley 1150 de 2007 o Reforma al Estatuto de Contratación Pública se han dado diversos cambios que afectan tanto a los que hacen negocios con el Estado como a los funcionarios que tienen que dirigir estos acuerdos.

Según el abogado especialista en temas de contratación, Manuel Sánchez Castro, las dificultades para aplicar dicha Ley se encuentran en los múltiples decretos reglamentarios que se han expedido -cerca de 19 normas- sin contar con las decisiones emitidas por el Consejo de Estado invalidando algunas de estas disposiciones.

CONSECUENCIAS
Las consecuencias, según Sánchez Castro, son evidentes por que se ha generado inestabilidad jurídica y caos permanente en materia de contratación, lo que obliga a que se sigan expidiendo nuevos decretos para suplir las fallas cometidas. Aseguró que en próximas semanas se esperan más demandas a los decretos ya expedidos.

- Desde la expedición de la reforma al Estatuto de Contratación Pública, por parte del Congreso de la República, ¿cuál ha sido el panorama que se observa al interior de las entidades del Estado?
Hay un caos total al interior de las entidades porque el Gobierno Nacional no ha proveído la capacitación y divulgación de las diferentes normas en virtud de la reforma que iba a afectar el normal uso de los procesos de selección que traía la Ley 80 de 1993. No podemos exigirle a las entidades del Estado que deban aplicarlas de inmediato cuando el cambio ha sido tan drástico respecto de la mecánica que traía la Ley 80 de 1993, esto es lo que las ha llevado a cometer muchos errores.
Adicionalmente, aún no tenemos una reforma fuerte y consolidada, ya que aún se siguen expidiendo decretos reglamentarios sobre temas ya tratados que buscan corregir y ajustar los errores cometidos o simplemente unificar criterios jurídicos.

- ¿La administración pública en general se encontraba preparada para asumir la aplicación de una reforma de tal magnitud?
No estaba preparada para asumir la aplicación de esta reforma, prueba de ello son los inconvenientes que se han presentado en la aplicación de las modalidades de selección de contratistas al interior de las entidades, como por ejemplo adelantar una licitación pública cuando realmente es un proceso de selección abreviada por características técnicas uniformes y de común utilización, entre otros.
En este momento preocupa las decisiones de los diferentes órganos de control frente a la indebida aplicación de la norma que se ha dado por parte de los Alcaldes, Gobernadores, Directores, Gerentes y todas aquellas personas que son ordenadores de gasto, es decir que manejan recursos públicos. También afecta a los proponentes de las entidades del sector público que están obligados a la aplicación de las normas de contratación pública.

- Los contratistas del Estado muchas veces se preguntan si a la fecha es exigible el Registro Único de Proponentes, ¿cuál es la realidad legal?
Existe gran incertidumbre por parte de las personas que participan en la contratación pública, porque desafortunadamente la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios no han podido aclarar el tema del Registro Único de Proponentes; a la fecha no es exigible como requisito habilitante dentro de los procesos de selección de contratistas. Pero teniendo en cuenta que el plazo máximo para inscribirse en este registro es hasta el 31 de diciembre de este año, sólo pasada esa fecha podrá hacerse exigible.

- ¿Pero existes ciertas exigencias por parte de las entidades?
Mediante directiva presidencial el Gobierno recomendó que las entidades estatales deberán exigir a los interesados en contratar, la inscripción en el Registro Único de Proponentes, así como la inclusión en sus páginas web y en sus demás mecanismos masivos de comunicación institucional dirigidos al público en general, mensajes que alerten y recuerden sobre la necesidad de estar inscritos en el RUP para contratar con el Estado. Valdría la pena preguntarles a todas las cámaras de comercio del país si están preparadas para asumir esta enorme responsabilidad?.

- ¿Qué piensa de los procedimientos de mínima cuantía?
Existe caos e incertidumbre permanente, tenemos cuatro Decretos (066, 2474 de 2008, 2025 y 3576 de 2009) que hacen referencia a la mínima cuantía, que de acuerdo con éste último y con el comunicado de la Dirección de Planeación, esta terminología fue eliminada y en su lugar la norma habla del 10 por ciento de la menor cuantía. Al respecto considero que el Gobierno Nacional ha tenido un gran desatino, recordemos que existen cuatro modalidades de selección cada una con causales especificas para ser invocadas, dentro de las cuales se han creado tres procedimientos diferentes para contratar 10 por ciento de la menor cuantía a saber: la selección abreviada por subasta inversa, la selección abreviada por menor cuantía y el concurso de méritos, sin que exista una modalidad o causal expresa designada por el legislador.

- ¿Cómo deberían actuar los órganos de control frente a la innumerable y continua expedición de decretos reglamentarios por parte del Gobierno Nacional?
La finalidad de los órganos de control es velar por el cabal cumplimiento en la aplicación del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sin embargo al revisar la página del Secop www.contratos.gov.co vemos con preocupación que siendo los órganos de control los encargados de revisar los procedimientos desarrollados por las entidades públicas, en lo que refiere a la ejecución contractual, ellos no tienen una directriz clara y precisa en sus procesos.

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