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Contraloría frenó "ola" de vigencias futuras de alcaldes

Por decisión del Estado y del Ministerio de Hacienda, los concejos municipales y las asambleas deberán revisar proyectos en los que se encuentren comprometidas vigencias futuras y revocarlos en caso de que no existan contratos firmados.

La circular en la que se le prohíbe a las administraciones municipales y departamentales adelantar contrataciones comprometiendo recursos que vayan más allá de su mandato, fue expedida de manera conjunta por la Contraloría, la Procuraduría, la Auditoría y el Ministerio de Hacienda.
Según la contralora general de la República, Sandra Morelli, en las entidades territoriales se había generalizado la práctica de autorizar vigencias futuras sin que existiera la aprobación de proyectos específicos o un contrato. "La cifra que se está comprometiendo en el Casanare es de aproximadamente de 375 mil millones de pesos y en Barranquilla estamos hablando de más de 900 mil millones de pesos, entre otros", agregó la funcionaria.
Los organismos de vigilancia y control también encontraron casos en los departamentos del Valle del Cauca, Caldas, Boyacá, Cundinamarca y en la ciudad de Cúcuta, aunque los montos no fueron precisados ya que se trata de información preliminar.
Morelli fue enfática al asegurar que con la expedición de la directriz no se pretende que las entidades territoriales no aprueben vigencias futuras, sino que lo hagan de acuerdo con la ley.
"Nadie pretende mermarle la autonomía a una entidad territorial, lo que se busca es que la ejerza en acato del mandato constitucional y de las normas que regulan las vigencias futuras y el endeudamiento", afirmó la contralora. Según Morelli, esta determinación tiene concordancia con el objetivo del Gobierno en sanear sus finanzas.

PIDEN INFORME A REGIONALES

El auditor general de la República, Iván Darío Gómez, dijo que de los ocho billones de pesos anuales para inversión de los entes territoriales, en 2010 se han comprometido cerca de dos billones con vigencias futuras y se concentran fundamentalmente en cuatro departamentos y un municipio. En consecuencia, le solicitará una rendición especial de cuentas a las contralorías territoriales para tener la magnitud real del problema e identificar los actos administrativos ilegales.

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