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Fijan requisitos para que las EPS administren el régimen subsidiado

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Las Empresas Promotoras de Salud de naturaleza pública deben estar autorizadas por la Supersalud.

La ley 100 de 1993 dispuso que las empresas promotoras de salud de naturaleza pública, deben obtener autorización previa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
Esto con el propósito de operar como “Empresas Promotoras de Salud” y poder administrar los recursos del régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud.
Así lo aclaró el Consejo de Estado en sentencia número 2004-00051-01, por la cual se decidió negar las pretensiones de la demanda de acción de nulidad interpuesta por Jorge Enrique Castro Bernal contra la expresión “pública” contenida en el artículo primero del Decreto 1804 de 1999, expedido por el Ministerio de la Protección Social.
El demandante afirmó que la expresión “pública” no era válida porque se sustentaba en normas derogadas tácita y orgánicamente por las leyes 314 de 1996 y 490 de 1998, como lo son el artículo 180 y 181 de la ley 100.
Para imprimirle fuerza a lo anterior, el recurrente adujo que la ley 314 derogó la facultad que la Ley 100 de 1993 le había otorgado a la Superintendencia Nacional de Salud para autorizar como Entidades Prestadoras de Salud a las instituciones de naturaleza pública.
Así mismo indicó que dichas leyes derogatorias otorgaron a Caprecom y Cajanal habilitación directa para administrar los recursos del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud como Entidades Promotoras de Salud de naturaleza pública.
Por lo tanto señaló que no era factible que el Presidente de la República subordinara o condicionara a tales entidades, al cumplimiento del requisito establecido en el Decreto 1804 de 1999, de que fueran autorizadas previamente por la Supersalud.
De esta forma el accionante concluyó que el Ejecutivo extralimitó la potestad reglamentaria al exigirles el cumplimiento de unos requisitos.
Pues estos no fueron establecidos por el Legislador, dado que las Leyes 314 de 1996 y 490 de 1998, que transformaron la naturaleza jurídica de Caprecom y Cajanal en Empresas Industriales y Comerciales del Estado, para que pudieran operar en el campo de la salud como Entidades Promotoras de Salud (EPS), derogaron tácticamente los artículos 180, 181 y 230 de la Ley 100 de 1993.
Por último aclaró que no solo excede la potestad reglamentaria de aquel sino que propicia la extralimitación de funciones en la Superintendencia Nacional de Salud.
Lo anterior podría generar y está generando daños y perjuicios con respecto al logro de los fines del Estado y de las entidades como Caprecom que están obligadas a contribuir a la realización de los mismos.
La Sala de lo Contencioso Administrativo afirmó que de la lectura de las disposiciones mencionadas, se evidenció que las Leyes 314 de 1996 y 490 de 1998 condicionaron la operación de Caprecom y de Cajanal como Empresas Prestadoras de Salud al cumplimiento de las condiciones, exigencias y requisitos de autorización por la Superintendencia Nacional de Salud.
Así como a su inspección, vigilancia y control, dados los inequívocos términos de la remisión que, para esos efectos hicieron a la Ley 100 de 1993.
Por lo anterior, la Sala concluyó que tales Leyes son concluyentes en disponer que Caprecom y Cajanal operarían como EPS en los términos de la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios. Por este motivo, la remisión o reenvío expreso que las referidas Leyes 314 de 1996 y 490 de 1998 hacen a la regulación normativa de la Ley 100 de 1993, desvirtúa el argumento del actor pues demuestra que su premisa no es cierta, habida cuenta de que la derogación que en su parecer operó, no tuvo lugar.
En relación con el cargo de extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria, esta Corporación encontró que no tiene fundamento alguno, pues fue la propia Ley 100 de 1993 la que en su artículo 180 dispuso que las empresas de naturaleza pública debían obtener autorización de la Superintendencia Nacional de Salud para operar como Empresas Promotoras de Salud.
Además deberá cumplir los requisitos que dicha norma establecía, para administrar los recursos del régimen subsidiado.
Por lo tanto, en este aspecto la norma acusada se limitó a reproducir el contenido normativo del artículo 180 de la Ley 100 de 1993.

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