El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, aseguró que la importación de las 22 compactadoras para el Distrito Capital es legal y le correspondió a la empresa Aguas Bogotá, y la hizo mediante un contrato de arrendamiento temporal por seis meses.
De las llamadas inconsistencias en la contratación aseguró que no existe ninguna y que, de ser así la entidad “no lo hubiera permitido”. Además, explicó que solo podía referirse al acto jurídico que se firmó después de la inspección el pasado 4 de enero, declaración que autoriza a la aduana para permitir el ingreso de los vehículos, ya que se trataba de un documento público.
Es así como las compactadoras entraron al régimen excepcional de importación temporal de corto plazo, un sistema específico para entidades públicas que traen productos usados que atenderán servicios públicos. Según Ortega esta disposición corresponde a la emergencia que se presentó en Bogotá con las basuras, ya que usualmente los vehículos se hacen a solicitud pero mientras no estén listos tendrían que aceptarse los usados.
Con respecto a la demora en la llegada de los vehículos a Bogotá, Ortega manifestó que se trató de un retardo en cuanto a la entrega de los documentos necesarios para la homologación de estos ante el Ministerio de Transporte, según
el convenio automotor consignado en la resolución 178 de 2012.
“Los vehículos homologados son los que están en la declaración de importación”, dijo. El director de la Dian no negó la posibilidad de que el contrato se prolongara otros seis meses pero fue enfático en asegurar que cuando se venza van a salir del país.
“No tienen opción de ser nacionalizados porque son vehículos usados, tendrían que tener una licencia previa y hacer un trámite que aprueba el Ministerio de Comercio solo a carros nuevos”. Lo que significaría que tras vencerse el contrato se exportarían.
También contó que la Dian asesoró al Gobierno Distrital durante todo el trámite cuando se presentaban documentos que no eran idóneos.
Sin embargo, enfatizó en que “la discusión de cómo se transportan y cómo llegan (las compactadoras) a un puerto es de sectores privados, donde se tiene la libertad de tomar decisiones de comercio en las cuales nosotros no tenemos injerencia ni opinión”, dijo Ortega y puntualizó que no es la discusión que se debería dar.