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Jueces deben respetar la reserva a la información que tienen los bancos

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Los bancos no están obligados a revelar toda la información que tienen de sus usuarios así sea una petición judicial, ya que existen algunos datos que no se entregan porque prevalece el derecho a la intimidad.

Así lo señaló el Consejo de Estado al revocar el fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitida el pasado 26 de marzo de 2009.

En el fallo de la Corporación se amparó el derecho fundamental a la intimidad de los usuarios y la reserva bancaria y el secreto profesional de los Bancos BBVA Colombia, Caja Social BCSC, Bancolombia, AV Villas, Colpatria Red Multibanca Colpatria, Banco Popular, Davivienda y el Banco Cafetero S.A. actualmente en liquidación y del Granbanco S.A.
En la decisión se dejó sin efecto todo lo relacionado con la solicitud de información de los nombres de las personas a las que se les haya otorgado crédito hipotecario pactado en Upac vigente entre el primero de agosto de 1995 y el nueve de junio de 1999.
En este caso, no se permite que se solicite la base de datos completa de las personas con créditos del Upac, sino que se limita a la información de quienes presentaron la acción de grupo, es decir que el Juez 23 Administrativo del Circuito de Bogotá sólo puede obtener los datos de quienes forma parte del proceso que adelanta
La Sala aclaró con respecto a la reserva que se debe mantener de los datos de las personas que no forman parte de un proceso judicial, que cuando se presentan estas circunstancias debe prevalecer el derecho a la intimidad. “El vínculo que se establece entre una entidad financiera y sus usuarios cuenta con una protección especial de acuerdo con el artículo 74 inciso segundo de la Constitución Política”.
Sobre la relación entre el derecho a la intimidad y el secreto profesional, la Corte manifestó en sentencia C-264 de 1996 que “en el ámbito de la relación bancaria depositado el secreto o conocida la información o el dato por parte del profesional, el sujeto concernido adquiere el derecho a que se mantenga el sigilo”.
En cuanto a las relaciones económicas, la Corte ha sostenido que el secreto profesional también es funcional a la realización de intereses colectivos, en especial de la confianza pública. “En este sentido, el deber de sigilo lleva a que los agentes económicos tengan confianza al momento de adelantar pactos o transacciones que conlleven la revelación de información personal”, indica la Corporación.
En el mismo sentido, y con el fin de puntualizar la relación entre la reserva bancaria, el secreto profesional y el derecho a la intimidad dentro del ordenamiento constitucional resulta pertinente recordar que en un caso similar fáctica y jurídicamente, la Corte sentó precedentes en la sentencia T-440 de 2003. “La razón por la cual la entidad bancaria entra en contacto con información personal de sus usuarios y el deber mismo de proteger dichos datos, están estrechamente ligados con su condición de profesional de las actividades bancarias. Por ello, desde el punto de vista conceptual, la reserva bancaria es en Colombia una especie del secreto profesional, y la protección de los datos en manos del banquero encuentra como una de sus fuentes constitucionales al artículo 74 de la Carta”, precisa la Corte.
Así mismo, la presente providencia sirvió para que el Alto Tribunal señalara que la tutela contra providencias judiciales, en términos generales, resulta procedente cuando se demuestra que se vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia y que no se cuenta con otro mecanismo de defensa judicial.
“La Sección Primera ha sido partidaria de tramitar las acciones de tutela en primera y segunda instancia cuando en ellas se controvierten providencias judiciales por supuestas vías de hecho e inclusive, en diversas oportunidades, llegó a conceder el amparo solicitado cuando concluyó que la providencia estaba afectada con dicho vicio. Empero, tal posición fue rectificada por la Sala en sentencia de 9 de julio de 2004, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el núm. 2004-00308”, indica.

PUNTO DE VISTA DEL JUEZ

Cabe destacar que en la providencia demandada, el Juez 23 Administrativo del Circuito de Bogotá adujo en síntesis que no encuentra sustento a la reserva bancaria alegada, toda vez que la información solicitada corresponde a las partes que conforman el grupo demandante, a efectos de establecer la procedencia o no de la acción de carácter indemnizatoria presentada en contra del Banco de la República.

POSICIÓN

Los establecimientos financieros oficiados expresaron la imposibilidad de remitir la totalidad de los nombres de las personas a las que les concedió créditos hipotecarios bajo el sistema Upac, para lo cual invocaron la reserva bancaria, en virtud de la cual, las entidades de crédito han de salvaguardar los nombres de sus clientes como cualquier tipo de información. Señalaron que sólo se dan excepciones cuando el cliente hace parte de la acción de grupo y hayan comparecido al proceso.

OBJETIVO

Los actores incoaron la acción de tutela contra el Juez 23 Administrativa del Circuito de Bogotá con el objeto de que se revoque parcialmente la providencia del dos de diciembre de 2008, y como consecuencia se deje sin efecto la orden dada a las entidades financieras a que suministren la información relacionada con los nombres y demás datos personales de los beneficiarios de créditos en Upac.

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