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Licitación de Tercer Canal ajustada a la ley

Una vez más la Procuraduría General de la Nación ratifica que el proceso de adjudicación del tercer canal debe continuar por estar ajustado a derecho y obedecer a  las necesidades del interés general. 

En concepto emitido el pasado 14 de julio por el procuradorAlejandro Ordoñez, con destino a la Sala de los Contencioso Administrativo del  Consejo de Estado,  pone de presente su posición frente a las pretensiones de la demanda de nulidad al acto de apertura de la licitación del tercer canal.

Los puntos principales del pronunciamiento son los siguientes: 

Considera que la CNTV podría continuar con el proceso de adjudicación del tercer canal por cuanto el procedimiento adelantado por esta entidad es completamente legal, “Así se presente un solo proponente, en la medida en que la entidad pública convocante, cumplió con todos los requisitos y procedimientos que garantizan igualdad de condiciones a quienes se quisieran postular al mismo”.

También manifiesta que el artículo 72 del la Ley 1341 se refiere claramente a pluralidad de interesados y no de oferentes, por lo tanto, con el Registro Único de Operadores en el cual se encontraban 3 inscritos, la CNTV cumplió con el mandato legal.

“Lo fundamental en los procesos de selección no es que es que existan varias ofertas para escoger, sino que la oferta elegida sea la mejor, en tanto que el deber de selección objetiva no implica necesariamente pluralidad de ofertas”, dice Ordóñez.

Igualmente afirma que el numeral 4.11 en sus demás partes es legal en la medida que acata el mandato de establecer mecanismos en pro de maximizar los recursos cuando establece que debería pagarse  “por concepto de su oferta económica para competir y ser elegido el diez por ciento (10%) del precio base de la Concesión“.

El Procurador dijo que con fundamento en lo anterior, “llegamos a la conclusión que la nulidad del numeral 4.11 citado suficientemente, por suponer que su aplicación va en contra del mecanismo mismo de la subasta, o en contra del artículo 72 de la Ley 1341 de 2009, representaría la decisión de menor óptimo para el desarrollo del sector de la televisión pública; lo cual, además del detrimento que supondría para las finanzas del Estado (menor explotación económica del espectro electromagnético) y los derechos del consumidor, sería una decisión contraria a lo establecido en los artículos 333 y 334, pues las implicaciones de una eventual anulación del numeral 4.11 del pliego de condiciones y del acto de apertura de la licitación pública No 002 de 2010 tendrían un efecto adverso al modelo constitucional económico colombiano, que propugna por defender y promover la competencia económica como forma de obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de la industria de la televisión, y medio para la maximización de la eficiencia económica, en beneficio del consumidor”.

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