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Limitaciones en acueducto, escollo para VIS

El problema ya lleva años de debate, reuniones, cartas, comisiones, estudios y planos. Lo único cierto es que en Cartagena pensar en nuevos desarrollos de vivienda en la Zona Norte y en otras áreas de la ciudad, como el llamado “Triángulo Social”, a lado y lado de la parte urbana de la Carretera de La Cordialidad, es hoy casi un imposible.
Los constructores de la ciudad, agremiados en Camacol Bolívar, volvieron a insistir en la urgente necesidad de hallar una solución definitiva a la falta de infraestructura de agua potable en las zonas de expansión de la ciudad, que garanticen el desarrollo de nuevas unidades habitacionales, especialmente de Vivienda de Interés Social (VIS).
“El problema grave aquí es el agua. Hay  zonas de la ciudad que no tienen disponibilidad de acueducto”, aseguró categóricamente la presidenta nacional de Camacol, Martha Pinto.
“Vemos con preocupación como este tema es recurrente en muchas ciudades colombianas (Bogotá, Soacha). Lo que vemos es que hay muchas empresas de servicios y muy pocas empresas sólidas, con la capacidad, con el capital para invertir en las redes matrices y llevar los servicios hasta los proyectos. De nada nos sirve habilitar suelos sino tenemos servicios públicos (agua y saneamiento básico). El tema de energía es menos crítico, se sirve de alguna manera mejor. En agua hay empresas muy débiles para expandirse”, agregó.


Caso Cartagena
La dirigente, quien ayer presidió la Asamblea Ordinaria de Afiliados de Camacol Bolívar, precisó que la oferta de VIS en Cartagena es poca y se requieren medidas valerosas para resolver este problema.
“Las empresas de servicios le están exigiendo a las constructoras instalar las redes y ese nuevo costo se extiende al valor de la vivienda, encareciéndola. Lo ideal es que esas inversiones se hagan y se recuperen con el tiempo, que no haya que contabilizar la inversión dentro del costo de la vivienda, sino dentro de la tarifa que debe pagar el consumidor del servicio.  Alguien hace la inversión y la recupera a través de la tarifa prestando el servicio a lo largo de los años”.
Rafael Abondano, presidente de la Junta Directiva de Camacol Bolívar, precisó que “en la Zona Norte el crecimiento de varios proyectos está paralizado. Desde hace tres o cuatro años que dio factibilidad de servicio para proyectos en esa área, se han construido más de 1.500 unidades de vivienda, con grandes estándares, que generan empleo a la ciudad, e ingresos al Distrito. Son proyectos de 30 a 100 hectáreas”.
“También  en VIS están trancados varios proyectos, especialmente en el llamado ‘Triángulo Social’. No  niegan la factibilidad de manera tajante, pero condicionan una cantidad de obras que generan inversiones en varios puntos de la ciudad, que finalmente acaban con los proyectos. Los constructores vienen invirtiendo -desde hace rato- gratuitamente en obras adicionales para obtener factibilidad de servicios, pero para las VIS no aplica ese esquema”, dijo el empresario.
Los casos puntuales que en materia de Vivienda de Interés Social mencionó Abondano son uno de 3.000 unidades previstas por la firma Spazio Constructora, al lado de El Pozón. “De este proyecto tengo la carta de negación”. El segundo es la aplicación de Villas de La Candelaria, cuyos promotores preveían una segunda etapa, con cerca de 1.000 unidades. Una tercera firma, CVS, también prácticamente se ha tenido que ir de la ciudad con sus proyectos a otro lado, pues aquí no encuentra factibilidad en servicio de agua potable.


¿...Y las soluciones?
“Nos hemos reunido con Acuacar. Ellos tienen todos los estudios y planos, la tienen clara, pero no hay recursos”, dice la gerente de Camacol Bolívar, Patricia Galindo.
Pero como el problema de falta de factibilidad de servicios públicos no es exclusivo de Cartagena, la presidenta ejecutiva de Camacol, Martha Pinto planteó tres alternativas:
- Exigir ese cubrimiento de las zonas sin cobertura a las empresas prestadoras existentes.
- Permitir una competencia o que haya un nuevo operador.
- Crear una figura en que los inversionistas privados hacen las redes, se las entregan a un operador de servicios públicos quien les paga esas redes a lo largo de los años con una parte de la tarifa que cobra por el servicio.
Sin embargo, “esta última opción tiene un vacío en la ley para establecer estos contratos. Se hizo un Conpes para Macroproyectos en el 2009, en el cual se contempla la figura de convenios para hacer inversiones que sean reembolsables, pero no se ha desarrollado jurídicamente. En este momento está interesado en subsanar ese vacío en el Plan de Desarrollo o en la Ley para generación de nuevos suelos, que está en curso en la Comisión Séptima”, dijo Pinto.
 

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