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Minería ilegal está siendo más rentable que el narcotráfico

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Uno de los uniformados adscritos a los Carabineros divisó, a lo lejos, la enorme retroexcavadora. Estaba casi a la mitad de una especie de desierto creado a la fuerza por la mano del hombre y de la máquina. A pocos metros del brazo mecánico del vehículo, había una piscina de color verdoso y ocre, cuya profundidad apenas alcanzaba el metro y medio.

El paisaje lo completaban hombres que buscaban oro en esa zona árida bajo el sol que coronaba los 25 grados centígrados. Era una zona rural de Campo Alegre, en el Huila, y los uniformados aguardaban la orden para rodear el yacimiento ilegal. El sopor era insoportable. No había dónde hacer sombra. Y el cuerpo se hacía cada vez más pesado porque, además, cada carabinero llevaba un pesado equipo. Debían estar quietos. Un movimiento en falso llevaría a la operación al traste. Por eso el silencio, la quietud. Apenas se hablaban con los ojos.

Nadie quería estropear el trabajo que meses atrás se había planeado en contra de una de las minas ilegales más grandes de la zona. Estaban allí apoyando la fase tres de la operación ‘Gaitana’. Tras la orden de actuar, los cerca de 70 hombres rodearon en menos de un minuto la zona y pusieron fin a la actividad minera en este punto.

No obstante, saben que este triunfo, si bien es importante, también es efímero, porque en otros departamentos los esperan más minas, más retroexcavadoras, más calor, más quietud antes de actuar.

La actividad minera ilegal no sale de la cabeza del general Santiago Parra Rubiano, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía. El hombre que cuenta con certeza que la entidad ha realizado 752 capturas en lo que va corrido del año, por esa práctica. “Además – dice Parra – hemos incautado 78 retroexcavadoras y 52 motobombas, que junto con lanchas y volquetas hacen parte de procesos de extracción sin ninguna reglamentación”.

Mezcla de peligro

No es lo único que han hallado en estas minas. Una de las mayores preocupaciones de un grupo élite conformado por los ministerios de Ambiente y de Minas y Energía; Ingeominas; las Corporaciones Autónomas Regionales, Car, y la Policía es el daño ambiental que se está ocasionando y el perjuicio a los habitantes de las zonas cercanas a la minería ilegal.

El primer atentado es contra el agua. Los mineros ilegales emplean una mezcla de mercurio, arsénico y cianuro para atraer el oro. Los tres elementos juntos hacen una especie de imán del preciado metal dorado. Los residuos de este ‘cóctel’ van a dar al cauce de los ríos próximos, de los cuales pescadores sacan especies para el consumo propio y para la comercialización.

El riesgo ya es evidente. El general Parra reveló que en poblaciones contiguas a las minas detectadas y cerradas se han hallado múltiples casos de niños con labio leporino. “En zonas del bajo Cauca, por ejemplo, hemos visto esta situación. La explotación ilegal con estos precursores, no solo está afectando al ecosistema, también la salud de los pobladores”, dice el alto oficial.

La explotación ilegal también genera sedimentación en los sectores en los que se practica. Un estudio de la Universidad Nacional reseña que una de las zonas que más se ha visto afectada es la ciénaga de Ayapel, en Córdoba.

Allí también se han adelantado operativos por cuenta de la dirección de Carabineros. En ese lugar, además, se ha comprobado la forma irregular en la que se contrata a los mineros. Por la falta de otras oportunidades de empleo, los moradores se dejan atraer, mediante engaños, por la fiebre del oro. Ante las promesas de ganar dinero “fácil y rápido” no indagan sobre si el terreno que se va a explotar tiene los correspondientes permisos.

La irregularidad se agrava con el uso de retroexcavadoras. Dichas máquinas ingresan al país por puertos como el de Buenaventura con la excusa de que van a ser empleadas en otras regiones. De allí que los operativos también sean acompañados por funcionarios de la Dian y de la Policía Fiscal y Aduanera, quienes se encargan de verificar que cada una de estas máquinas tengan los documentos en regla.

“Cuando es incautada una retroexcavadora o maquinaria similar se destina al trabajo que se adelanta con el fin de apoyar las reparaciones de las carreteras afectadas por el invierno”, sostuvo el general Parra.

Bacrim y guerrilla

Once personas extraían ilegalmente oro en un corregimiento a pocos kilómetros de Puerto Boyacá, en Boyacá. En vez de una tenían tres retroexcavadoras que apoyaban su operación. Se veían casi nuevas. La temperatura era similar a la de Campo Alegre. Por información de inteligencia sabían que en esa mina se movían mensualmente cerca de 135 millones de pesos. Es una de las más grandes que se hayan intervenido a lo largo de este primer semestre de 2011. En total, se han realizado 193 cierres, según cifras de la Dirección de Carabineros.

A la par con la información de inteligencia, otro factor hizo voltear los ojos de la Policía hacia esta zona, que coincide con situaciones registrada en otros lugares en donde se han cerrado minas.

Uno de los factores que prioriza la Fuerza Pública es el incremento de delitos de alto impacto como homicidio y extorsiones, entre otros. De allí nació la fase dos de la operación ‘Centauro’, que dejó como saldo la captura de once trabajadores y el decomiso de maquinaria por valor de 1.400 millones de pesos.

¿Quiénes están detrás del apoyo a esta práctica ilícita que está en boga y por la que se creó el grupo élite que es una de las prioridades del gobierno Santos? A juicio del general Parra, son la subversión y las bandas criminales, bacrim. Las organizaciones delictivas “se financian de este delito para llevar a cabo acciones terroristas. Infortunadamente, está siendo más productivo que el narcotráfico”, enfatizó.

Lo que se viene

En departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde se adelanta la operación ‘Troya Pacífico’, han percibido que los engaños a los trabajadores son de tal tamaño que incluso han hallado a familias enteras sirviéndoles a hombres que fungen como testaferros para poner a producir estas minas.

Una de los incentivos que las autoridades están ofreciendo con el fin de ponerle coto a la actividad es el ofrecimiento de una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinde información acerca de los lugares en los que se realiza.

Atrás quedaron Puerto Boyacá, Campo Alegre y Ayapel, entre otras poblaciones que estaban siendo afectadas no solo en su parte ambiental sino en el aspecto de orden público. Aunque es posible que allí regresen para verificar que tras el trabajo que hicieron no volvió a nacer la ilegalidad.

Cuando se le pregunta al general Parra por el futuro de la operación ‘Dorado’, en la que se enmarcan las suboperaciones para dejar fuera de base a los mineros ilegales, mira el mapa que hay en su oficina y sin vacilar lleva su mano a la parte derecha de Colombia. Señala a los santanderes. “De ahí tenemos información importante”. Hacía allá irán en las próximas semanas.

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