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Minhacienda se reúne con la Corte Constitucional por Emergencia Social

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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga, se hizo presente el lunes de manera imprevista en las instalaciones de la Corte Constitucional días antes de que ésta empezara el estudio de la emergencia social.

Aunque el Alto Tribunal no tenía previsto encuentros con representantes del Gobierno o con alguien ajeno a la colegiatura, durante toda la mañana del lunes y parte de la tarde, el jefe de las finanzas públicas se reunió con algunos de los magistrados.

La decisión fue adoptada por los magistrados tras considerar que las 1.200 intervenciones que existen en el proceso, le permiten tener suficiente información e ilustración para analizar cada uno de los aspectos que le corresponde en este debate.

Para esta semana se tiene previsto que la Corte emita su fallo sobre la constitucionalidad o no de la emergencia social.

La semana anterior el Gobierno, a través del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, le envió una comunicación al alto tribunal con las justificaciones y la conveniencia de la emergencia social.

En la misiva, el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, le solicita a la Corte Constitucional que en caso de que haya una declaratoria de inexequibilidad, se dé un compás de espera en cuanto a la vigencia de los decretos mientras surten trámite en el Congreso de la República.

Cabe señalar que extraoficialmente ya se habla de una inconstitucionalidad de la emergencia con base en la ponencia negativa del magistrado Jorge Iván Palacios, lo que dejaría sin vigencia los 15 decretos emitidos en el marco de la misma el año pasado.

En este caso, el alto tribunal deberá definir si se devuelven o no los dineros recaudados con las modificaciones de los impuestos que entraron a regir a partir de febrero para el consumo de licores y cigarrillos, así como el aumento de la tarifa de IVA para los juegos de suerte y azar.

"El fallo puede tener carácter retroactivo y anular lo que ha ocurrido hasta ahora o darle inconstitucionalidad para el futuro", explicó el ex vicepresidente y constitucionalista, Humberto de La Calle.

De acuerdo con el más reciente informe del ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, desde diciembre del año pasado cuando el Gobierno decretó la emergencia social, han girado más de 750 mil millones de pesos para tapar parte del hueco del sector salud y que la misma administración central estimó inicialmente en 2,2 billones de pesos.

En diciembre mismo destinó, a través del Ministerio de la Protección Social, 53.245 millones de pesos para el saneamiento de deudas por servicios no subsidiados para la población pobre del país.

Entre otros pagos, en febrero de 2010 el Ministerio dispuso de más de 35 mil millones de pesos para la cartera que tienen pendiente los departamentos con alrededor de 50 hospitales de diferentes municipios.

Igualmente, el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), entregó directamente 300 mil millones de pesos a algunos de los hospitales con los que 32 departamentos y cuatro distritos tienen cuentas por pagar por concepto de prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada y por los eventos no incluidos en el POS.

A su vez, la Nueva EPS recibió 53 mil millones para saldar deudas con prestadores de servicios.

El Gobierno también aprobó a través del Fosyga 77 mil millones para las EPS por recobros de medicamentos no incluidos en el POS y por los fallos de tutela radicados entre el primero y el quince de febrero de 2010, dando un "mayor flujo de recursos a todos los actores del sistema especialmente a las IPS y EPS".

EXPECTATIVA POR LA DECISIÓN

Desde la semana pasada gremios, analistas y actores del sistema de salud, están a la expectativa de que se conozca el fallo de la Corte Constitucional que mantendría o tumbaría los decretos de la emergencia social. Los expertos esperan que la Corte cumpla con el anuncio de producir el fallo antes de que se venzan los 20 días hábiles que tienen para hacerlo, los cuales se están previstos para este 13 de abril. Desde la declaración del estado de emergencia social con el decreto 4975 el 23 de diciembre de 2009, la mayoría de comentarios coinciden en los errores de la reforma a la salud que planteó el Ejecutivo. Diversos actores opinan que pese a los reversazos hechos, lo más prudente es que se eliminen todos los decretos.

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