Colombia, que durante años ha registrado los peores índices en respeto a la libertad sindical y los derechos laborales, avanza aceleradamente en la reforma del trabajo y reivindica su movimiento sindical, pasos clave para la ratificación de un TLC con Estados Unidos.
El Tratado de Libre Comercio de Colombia y Estados Unidos fue suscrito en 2006, pero hasta ahora ha enfrentado fuertes reticencias para su ratificación por parte del Congreso estadounidense, debido a las violaciones al derecho laboral.
Por ello, los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama acordaron el pasado abril en Washington un plan de acción para la protección de dirigentes sindicales y la formalización del empleo en Colombia, mientras el Congreso estadounidense comenzó ya los debates informales sobre el TLC.
El gobierno colombiano se ha propuesto crear antes de agosto un ministerio del Trabajo, que fue eliminado en 2002, y contratar a 480 nuevos inspectores laborales. Además, defiende la actividad de los sindicatos en anuncios radiales: “Apoyar su labor es proteger nuestros derechos”, dice uno de ellos.
El nuevo despacho del Trabajo deberá “dar relevancia a la generación del empleo, al respeto de los derechos de los trabajadores y a la vigilancia de ese respeto. Todo lo ligado al concepto de trabajo decente de la OIT”, Organización Internacional del Trabajo, señaló Manuel Reina, funcionario del ministerio de Protección Social.
“Es fundamental la generación de empleo, pero también se requiere que ese empleo sea de calidad”, dijo Reina a la AFP, al recordar que Santos ofreció la creación de 2,5 millones de puestos de trabajo en su periodo de 2010-2014 y la formalización de otros 500.000.
Colombia tiene uno de los índices de desempleo más altos de la región, con 11,8% al cierre de 2010.
Para José Luciano Sanín, director de la Escuela Sindical Nacional, “la precariedad laboral en Colombia es muy grave”, con sólo 7 millones de trabajadores en el sector formal, sobre un total de 20 millones de empleados.
Colombia implementó en la última década una transformación laboral, con flexibilidad para la contratación temporal y a través de cooperativas de empleo o de empresas de servicio.
“El Estado tiene un serio atraso e incumplimiento con la OIT. Hemos documentado 53 solicitudes concretas de cambios legislativos por parte de la OIT que no han sido atendidas”, dijo Sanín a la AFP.
Sin embargo, este experto piensa que el movimiento obrero colombiano vive su mejor momento de los últimos 25 años y confía en que “la combinación de la presión internacional con un nuevo enfoque de parte del gobierno contribuya a la fomalización del empleo y la ampliación de la base sindical”.
Pero quizás el principal desafío será detener el alto índice de crímenes contra sindicalistas, para lo que el gobierno de Santos se ha propuesto una refoma al Código Penal y el reforzamiento de la protección a líderes obreros amenazados.
De acuerdo con la oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en 2010 hubo 26 homicidios de sindicalistas y 11 de maestros.
Sin embargo, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) asevera que el año pasado hubo 51 de estos crímenes y que la cifra se eleva a 2.857 desde 1986.
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