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Para jubilar a un trabajador primero hay que esperar que se legalice la pensión

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Para que el empleador pueda dar por terminado el contrato de trabajo a una persona que ya cumplió los requisitos para pensionarse debe primero reconocer y notificar la mesada. Además, otro trámite fundamental es que el trabajador se incluya en la nómina de pensionados.

Por este motivo, no será procedente que una empresa reintegre al trabajo a un empleado al que despidió con justa causa por la obtención de la pensión.
Así lo estableció el Consejo de Estado mediante sentencia número 2009-00215-01 que modificó el fallo de tutela impugnado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual había sido proferido por el Tribunal Administrativo del Meta.

La sentencia reclamada amparó el derecho fundamental al mínimo vital, al trabajo y al debido proceso y ordenó al Instituto de Seguro Social (ISS) y al Fondo de Pensiones notificar al accionante (Delegado Departamental del Meta de la planta global de la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil) del contenido de la Resolución en la que reconoció en favor del actor una pensión de jubilación por el valor de 3.928.901 pesos, a partir del 20 de mayo de 2009.

Esta controversia se originó porque después de haber solicitado el tutelante la pensión de jubilación al ISS en 2006, el Gerente de Talento Humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, le envió al actor una comunicación en 2009 informándole que a partir de esa fecha hacía parte del programa integral de pre pensionados, por reunir los requisitos señalados en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993.

Según lo manifestó el demandante, en mayo de 2009 le dijeron que ya no ocuparía el cargo de Delegado Departamental de la planta global de la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil por haberse jubilado.

Por este hecho interpuso acción de tutela para que se le ordenara a la Registraduría Nacional, que lo reintegrara al cargo que venía ocupando y se le reconocieran los salarios y prestaciones dejados de percibir durante todo el período en que fue suspendido.

Por último, el accionante mencionó que por el despido quedó sin ingresos que le permitieran atender sus necesidades mínimas y las de su familia.

En primera instancia el Tribunal del Meta mediante sentencia, accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que la actuación de la Registraduría al desvincular al actor de su cargo vulneró los derechos fundamentales al trabajo.

De esta forma, amparó los derechos fundamentales del actor y decidió suspender la ejecución de la Resolución que declaró insubsistente al actor para ocupar el cargo que venía desempeñando y adicionalmente, ordenó el reintegro del actor y el pago de los salarios dejados de percibir desde su desvinculación.

Por lo anterior, la oficina jurídica de la Registraduría Nacional impugnó la decisión del Tribunal y solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado, toda vez que el juez de primera instancia no vinculó al Instituto de Seguro Social con el fin de que rindiera un informe respecto del trámite que se llevó a cabo para el reconocimiento de la pensión del accionante.

La Sala de lo Contencioso Administrativo modificó el fallo impugnado por considerar que de acuerdo con el artículo noverdo de la Ley 797 de 2003, se configuraron los elementos para dar por terminada con justa causa el contrato del trabajo, pues se cumplieron con los requisitos para acceder a la pensión.

Sin embargo, la Sala estimó que se debía tener en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia por medio de la cual declaró condicionada la exequibilidad de dicha norma, en el entendido de que no se puede dar por terminado la relación laboral sin que se le haya notificado al trabajador el reconocimiento de su pensión y su inclusión en la nómina de pensionados.

Esta situación no se configuró y tampoco fue tenida en cuenta por la entidad demandada, lo que vulneró de manera evidente los derechos fundamentales del actor, al terminar su contrato.

Por último, el Consejo de Estado aclaró que aunque el ISS de Cundinamarca a través de Resolución reconoció la pensión a partir del 20 de mayo de 2009, no se notificó dicho acto administrativo. Por este motivo, la Sala ordenó al ISS que en el término de 48 horas le informe al actor sobre el contenido de la Resolución.

DECISIÓN
El Consejo de Estado en el fallo de esta tutela señaló que “se previene al Instituto de Seguro Social para que de cumplimiento a los términos establecidos en la mencionada ley 797, toda vez que no se justifica la demora en la resolución de una petición de reconocimiento de una pensión de jubilación, a sabiendas de que el término estipulado en la ley 797 de 2003 es de tres meses”.

DISPOSICIÓN
La Ley 797 de 2003 señala que se considera justa causa para dar por terminada la relación legal cuando el trabajador del sector privado o servidor público cumple con los requisitos para tener derecho a la pensión.
El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.

CONDICIONADO
El parágrafo del artículo noveno de la Ley 797 de 2003 fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1037. La norma precisa que “ No se pueda dar por terminada la relación laboral sin que además del reconocimiento de la pensión se le notifique debidamente al trabajador su inclusión en la nómina de jubilados.

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