Sanciones por $30 mil millones a empresas de telecomunicaciones

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso en los últimos díez años -desde 2002 hasta 2012- multas por un total de 28 mil millones de pesos a las diferentes compañías de telecomunicaciones que operan en el país, por distintas conductas relacionadas con fallas en la prestación del servicio a los usuarios.
En diálogo con Colprensa, el superintendente Pablo Felipe Robledo, explicó que sólo el año pasado las sanciones impuestas por su despacho ascendieron a 20.700 millones de pesos.
Este año, según el Superintendente, es posible que las sanciones se incrementen debido a la entrada en vigencia del nuevo Estatuto del Consumidor "que eleva considerablemente las denuncias, lo que nos llevará a un incremento de las multas y a aumentar nuestra capacidad sancionatoria”, explicó.
PROBLEMAS CON LOS OPERADORES DE CELULAR
Los problemas con la telefonía celular van desde evitar la portabilidad numérica, es decir, 'amarrar' a los clientes para evitar el cambio de operador, hasta la conocida 'llamada caída' antes de pasar el primer minuto, lo que ha generado bastantes disgustos entre los clientes.
Al respecto, Robledo afirmó que al año se están atendiendo cerca de 20 mil recursos de apelación, pues la Superintendencia actúa como segunda instancia después de que el usuario ha agotado los recursos ante las propias empresas prestadoras del servicio.
Además Robledo insistió “vivimos investigando a las empresas de telecomunicación e imponemos multas porque encontramos que hay conductas reiteradas de obligación con los derechos del consumidor que no se están cumpliendo”.
CARGOS A SIETE OPERADORES MÓVILES
Por otra parte, este lunes la Superintendencia de Industria y Comercio formuló cargos contra siete empresas operadores de telefonía celular por no prestar planes para el mejoramiento del servicio.
Se trata de ETB, UNE-EPM Telecomunicaciones, UFF Móvil, Colombia Móvil (Tigo), Virgin Mobile Colombia, Claro y Colombia Telecomunicaciones (Movistar).
“La investigación formal con formulación de pliego de cargos se abre porque, al parecer, las empresas no presentaron ante la SIC los Planes de Mejoramiento del servicio o lo hicieron de forma incompleta”, explicó el titular de ese despacho, Pablo Felipe Robledo.
La entidad afirmó que al no presentar los respectivos planes de mejoramiento del servicio, estas empresas incurrieron en infracciones al régimen de comunicaciones, que se encuentran estipuladas en el artículo 64 de la Resolución 4000 del 2013 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
La norma dice que “sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otras normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes: Abstenerse de presentar a las autoridades la información requerida o presentarla de forma inexacta o incompleta”
La SIC también precisó que los operadores investigados presuntamente desconocieron lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 4000 de 2012 de la CRC que señala que “los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles deberán elaborar trimestralmente cada año, planes para garantizarla calidad en las comunicaciones de voz”
En el caso de que se concluya una violación al régimen de comunicaciones, la SIC podrá imponer una sanción de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales, es decir, 1.179 millones de pesos.
OTRAS SANCIONES
El superintendente Robledo recordó que el año pasado sancionó a la compañía Telmex por no cumplir con la prohibición de las cláusulas de permanencia mínima, condicionamiento que en ese momento fue impuesto por la Comisión Nacional de Televisión.
“Ellos violaron esa ley, por eso lo sancionamos por 10.700 millones de pesos además se les ordenó la devolución de casi 1.500 millones a quienes les habrían cobrado la penalidad”.
También dijo que en este momento se está investigando a la compañía de telefonía Claro por posible práctica restrictiva de la competencia, es decir evitar la portabilidad numérica. “Se presume que la compañía Claro estaba ejecutando maniobras u originando barreras tendientes a evitar que los clientes cambiaran de operador”.
“La investigación que termina en menos de dos meses, puede multar a la compañía por hasta 60 mil millones de pesos que son 33 millones de dolares” explicó Robledo.