Se articulan políticas de infancia y adolescencia

En su sesión de ayer, el Consejo de Política Social se dedicó a trabajar temas de infancia y adolescencia en procura de garantizar los derechos de los menores de edad. Tras la reunión, la alcaldesa Judith Pinedo Flórez informó sobre la creación de una Política Pública de Niñez y Adolescencia, en la que involucrarán a jóvenes como constructores de la misma, experiencia que ya ha sido probada con éxito en países latinoamericanos. “Esta será una política abierta para que la ciudad entera participe en su elaboración. En ella se fortalecerán las estrategias para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”, manifestó la mandataria de los cartageneros. Dijo que se incentivará a la comunidad en general para que denuncien los casos que se presenten en contra de los niños y niñas por parte de extranjeros o nacionales. Además, explicó que la medidas serán socializadas en escuelas, comercio y barrios vulnerables, y se hará especial énfasis en los grupos familiares, ya que se tiene identificado que en cada caso de explotación sexual infantil hay un pariente de la víctima involucrado. En materia de trabajo infantil, Pinedo Flórez afirmó que se han escolarizado a 1.000 niños que se encontraban sin estudio por dedicarse a laborar informalmente. Sobre ese mismo tema, aseguró que hay alternativas para otros 500 menores que hacen parte del mapa de riesgo. La Política Pública de Niñez y Adolescencia cuenta con el acompañamiento de la Universidad de Cartagena, Tierra de Hombres, Comfenalco, Procuraduría, entre otras entidades. RIGOR DE LA LEY La Alcaldesa solicitó a las autoridades que apliquen todo el rigor de la ley, para quitarle a propietarios la titularidad de los inmuebles donde se encuentre a un menor explotado sexualmente. “Esta herramienta jurídica no lo teníamos hace dos meses y ahora que contamos con ella se tiene que avanzar en su ejecución”, comentó. En aras de eliminar la amenaza de explotación y desarrollar estrategias para frenar este flagelo, la Mandataria Distrital enfatizó en la necesidad de aplicar mayor rigor a las sanciones, debido a que en prevención se ha avanzado exitosamente. Por último, anunció una inversión superior a los 200 millones de pesos, para ampliar la infraestructura de la Casa de Justicia, a fin de que el Sistema Penal Acusatorio pueda funcionar adecuadamente desde allí, ya que en estos momentos hay una parte que no está en servicio porque todavía no tiene las oficinas construidas.