Se revive el debate por la usurpación de tierras para restitución

Este miércoles revivió el debate por los lotes baldíos de la altillanura (en los departamentos de Caquetá, Meta, Vichada y Casanare) en manos de empresarios. El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, dijo que unas 140.000 hectáreas que pertenecían a los campesinos, pero no se les había dado uso alguno, fueron adquiridas por grupos empresariales valiéndose de estrategias ilegales.
Los datos corresponderían a una investigación que adelantó el Incoder en 2011 y en la cual se encontraron unos 15 casos de acumulación indebida de tierras bajo estrategias “no muy jurídicas ni muy claras”, actuando contrario a la Ley 160 de 1994, que prohíbe la adquisición de propiedades que superen las dos unidades agrícolas (ver recuadro). Las compras se habrían efectuado antes de 2008.
La situación ya fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Notariado y Registro y, según Estupiñán, en declaraciones a la W Radio, se hará lo propio en la Procuraduría y en la Fiscalía. Además, pesan ya 12 demandas de nulidad contra dichos contratos de compraventa.
El titular de la cartera agropecuaria anunció que los contratos deberán ser anulados y las tierras regresadas a sus propietarios originales, por lo que se perderá el dinero que se pagó por ellas, ya que se trata de compras irregulares. Así mismo, los involucrados asumirán sanciones económicas y penales a las que haya lugar.
Pero al Ministro le preocupa que la solución a este problema implique ahuyentar la inversión. “Hay que buscar mecanismos para que se efectúen esas medidas sin crear traumatismos y sin que se vayan a pique los proyectos en los que se invirtieron que generaron desarrollo, productividad y bienestar”, explicó a la emisora.
En ese sentido, Estupiñán le apuesta a una figura que permita que se mantenga la propiedad de los pequeños campesinos sobre las tierras y al tiempo preserve los proyectos, a fin de que “vengan inversionistas nacionales y extranjeros a aportar dineros que se requieren para el crecimiento del campo, pero respeten la tenencia de la tierra como lo exigen las normas”.
El pasado 24 de mayo, el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, reveló una investigación realizada por el Incoder, donde se denunció haber encontrado que entre 2006 y 2010 se adjudicaron irregularmente 416.545 hectáreas de tierras baldías de la Nación.
Esta situación hace parte de un documento del Ministerio de Agricultura sobre la “implementación de la Política integral de tierras periodo 2010- 2013”, en donde se da cuenta de la reactivación de 1.570 procesos agrarios que se encontraban estancados y que involucran 800 mil hectáreas.
Por la presunta concentración o adquisición de tierras provenientes de baldíos, que superan la extensión máxima por las Unidades Agrícolas Familiares, el Ministerio anunció una investigación a 13 empresas vinculadas a actividades agroindustriales por parte de las autoridades competentes.
Ante esta situación se solicito la intervención para asuntos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y se solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro la revocatoria o cancelación de los registros de las compraventas que dieron lugar a la concentración indebida de tierra.
En la presunta concentración de tierras figuran el Fondo Ganadero de Córdoba, Mulero, Mulas Altamaceras, Bioagroindustrial, Inversiones Palma Oriente, Ecolpalma, Poligrow Colombia, Mónica Semillas, Sociedad Inversiones Eternas, Sociedad Villa Diana, El Brasil, Finca Las Palmeras y Veracruz.
Se trata de procesos de clarificación de la propiedad, extinción de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
El Ministerio de Agricultura también presentó un balance, hasta el 24 de mayo, de lo que ha sido la aplicación la Ley 1448 de 2011, haciendo referencia al tema de tierras. De las cerca de 40 mil solicitudes recibidas por parte de reclamantes y que suman 2,7 millones de hectáreas, a la fecha se habían proferido 77 fallos por los jueces especializados en restitución, de manera que más de 300 familias campesinas se vieron beneficiadas con la recuperación de sus predios.
Estos casos hacen parte de las argucias jurídicas de despojos de tierras por parte de particulares que identificó la Unidad de Restitución Tierras y que se suman a los despojos de los actores violentos del país. A las 31 mil denuncias radicadas ante la unidad se suman los casos estudiados en la Superintendencia de Notariado y Registro.
La Unidad tenía, al final de 2011, 4.632 solicitudes que reclamaban 412.600 hectáreas, para 2012 las cifras se dispararon tras la aprobación de la Ley de Tierras. Ese año hubo 26.479 solicitudes, correspondientes a 1.834.000 hectáreas. Antioquia, Bolívar, Cesar, Tolima y Meta, son los departamentos desde donde más reclamaciones se han presentado a esa entidad.
Según el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, se han encontrado situaciones como aclaración de linderos, suplantaciones, prescripciones adquisitivas en documentos, resoluciones del Incora e Incoder falsificadas, simulaciones y escrituras paralelas. “Es que a la par de los actores del conflicto interno, también hay delincuentes de cuello blanco robando tierras”, aseguró.
UNIDAD AGRÍCOLA
Según la Ley 160 de 1994 es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio.