Como suele ocurrir con frecuencia en Colombia, la discusión de lo sucedido con el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS) terminó algo desvirtuada por la ideologización, el populismo, y por supuesto, un maniqueísmo que tiende a aflorar en nuestras discusiones públicas. Arranquemos por decir de una vez que es una vergüenza, y ojalá sea punible, que se hayan fraccionado compañías y propiedades artificialmente para que las mismas familias o conglomerados económicos calificaran varias veces para los dineros de AIS. Esa clase de proceder acaba con cualquier programa y debería tener consecuencias penales severas. Si no las tiene ahora, deberían añadírsele al programa de AIS para evitar abusos futuros. Pero la discusión, lamentablemente, se ha centrado en que a los ricos se les dieron dineros que necesitaban los pobres, y se ha armado así un escándalo argumentado con un populismo que suele sonar bien, pero que es demasiado llano. No tendría nada de particular -si no fuera por los abusos imperdonables ya mencionados de algunos agroindustriales-, que los ricos también recibieran los beneficios de AIS, especialmente porque suelen tener compañías grandes, con necesidades igualmente grandes y legítimas. En Colombia deberíamos superar el estigma populista contra ser rico, siempre y cuando la riqueza sea bien habida. Una empresa azucarera grande, por ejemplo, tendrá necesidades mucho mayores que un minifundio cafetero o que un yucal campesino. Otorgarle dinero blando a agroindustrias importantes debería estar atado a ciertas obligaciones sociales, como la de generar o mantener empleos formales, y por supuesto, deberían cumplir con reglas preestablecidas y a la vista de todos. El sigilo, la discrecionalidad y la falta de controles suele dar al traste con muchas buenas iniciativas en Colombia. Aunque se debe investigar rigurosamente lo sucedido con este programa y determinar responsabilidades, ojalá con consecuencias penales donde haya lugar a ellas, la discusión del programa de AIS debería darse en otro terreno más allá del populismo, la ideologización y la simplificación, para pasar a criterios de utilidad social mesurables, lejanos del maniqueísmo usual y tontarrón entre los ricos malos y los pobres buenos. No obstante lo anterior, los dineros de AIS deberían tener unas prioridades bien definidas, una de las cuales debería ser la de asegurarse de que los campesinos retornados a sus lugares de origen, luego de los desplazamientos por la violencia, tengan tierra propia suficiente para trabajar, y capital con qué hacerlo. En los Montes de María, por ejemplo, los campesinos se están quedando sin tierras. El programa de AIS debería satisfacer en primer lugar sus necesidades y las de otros en distintas partes del país, en circunstancias similares. Allí también se deberían investigar todas las transacciones de la propiedad rural, ya que se han denunciado abusos como el “gemeleo” de escrituras y otras “maravillas” para despojar a los propietarios legítimos de sus tierras. Si a esta discusión de AIS y la propiedad de la tierra le tratamos de quitar su maniqueísmo, los resultados serán mucho mejores para el país.
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