Durante el pasado puente festivo del Corpus Christi fueron sancionados 1.109 conductores por manejar embriagados, según reportó el general Francisco Patiño, director de Tránsito y Transporte de la Policía.
A su juicio, los operativos de control durante este período permitieron reducir la accidentalidad un 64% con respecto al año pasado en la misma época, en que alrededor del 40% de los accidentes fueron causados por conductores borrachos.
Aunque las consecuencias trágicas de mezclar alcohol y gasolina se ven con demasiada frecuencia, sólo cuando ocurren situaciones anecdóticas como la negativa del senador Merlano a la prueba de alcoholemia, es cuando la gente se convence de que las autoridades de tránsito necesitan herramientas más drásticas para frenar un proceder tan irresponsable.
Ayer se aprobó en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que busca sancionar de manera dura a los conductores que manejen luego de consumir alcohol, el cual contempla sanciones para quienes conduzcan cualquier automotor, incluidas las motocicletas.
Lo más importante de la ley es que hace obligatoria la prueba de alcoholemia.
Aunque muchos consideren drástico establecer como conducta sancionable conducir con un grado de embriaguez de 20 a 39 mg de alcohol en la sangre (equivalente a una cerveza), la permisividad tradicional con niveles pequeños ha causado muchas tragedias que han enlutado y causado dolor a muchas familias colombianas.
El tráfico en las ciudades capitales, y Cartagena es un ejemplo perfecto, se ha vuelto demasiado caótico, enrevesado y peligroso, como para agregarle la circunstancia enormemente agravante de conducir borracho.
Pero no basta endurecer las penas a través de una ley, es preciso que las autoridades no toleren las actitudes de quienes pretenden sustraerse a los controles esgrimiendo su calidad de funcionarios públicos, legisladores o personajes de cierta relevancia social.
“Ustedes no saben con quién se están metiendo”, es la frase más común que escuchan los agentes de tránsito en Cartagena, según dijo Rafael Pupo López, presidente del Sindicato de agentes del DATT, en una reciente entrevista con El Universal.
Dice el señor Pupo que muchos conductores requeridos se ponen agresivos y empiezan a pedirles los nombres y números de identificación a los agentes, amenazándolos con denunciarlos ante sus superiores para que los despidan, lo que seguramente será un agravante para las sanciones respectivas.
El mensaje del Congreso y el Gobierno a la ciudadanía es claro y preciso: habrá cero tolerancia con quienes manejen bajo los efectos del alcohol, y ya no podrán escudarse en la negativa a hacerse la prueba.
Es preciso entonces que la ciudadanía entienda que manejar borracho se ha convertido en un delito grave en Colombia, y que las autoridades de tránsito serán implacables para sancionar a quienes lo cometan.
En Cartagena, estos controles de alcoholemia se vienen realizando de manera intensa desde hace 5 ó 6 años y han dado resultados. Tantos, que es quizá uno de los pocos controles que la gente respeta.
Y como el DATT anunció que seguirán aumentando, quien se atreva a manejar borracho tendrá que asumir unas consecuencias cada vez más graves, como tienen que ser.
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