La estudiante agredida formuló la denuncia respectiva el sábado en la mañana, aunque el mismo viernes en la noche ya lo había hecho en el CAI Móvil que estaba en el Centro, lo que ayudó a que una patrulla de la Policía lograra detectar los dos vehículos y atrapar a los agresores, a quienes quito el arma (o las armas) de balín.
Según las declaraciones de las afectadas, cuando disparaban, uno de los agresores se ensañó especialmente con una de ellas, de raza negra. Después del ataque, se subieron en los vehículos y se fueron a toda velocidad.
Antes de ser capturados, los menores estaban atacando a otras personas en el Camellón de los Mártires, entre ellos, según dijeron testigos, a varios gays.
Los incidentes, sobre los cuales la Policía no ha suministrado todavía información aunque fueron requeridos desde el sábado por los periodistas de El Universal, dejan ver una amenaza mucho más grave que la de unos “hijos de papi” jugando en sus vehículos.
En primer lugar, el ataque muestra que hay jóvenes de estratos altos, convencidos de que pueden hacer lo que les plazca en Cartagena, incluyendo agresiones contra otras personas. Hacen alarde de que cualquier acción suya quedará impune y que contra ellos no hay autoridad que valga.
Además, la decisión de enfocarse especialmente en una muchacha afrodescendiente y en gays, revela también que el racismo y la intolerancia ya no los expresan algunas personas simplemente en la exclusión y el marginamiento, sino también a través de la violencia.
En la reseña periodística publicada ayer, una de las jóvenes agredidas expresó estas palabras que deberían preocuparnos a todos: “Parecían una banda de sicarios, parece que estuvieran practicando para cometer cualquier clase de delitos”.
En un entorno familiar permisivo, o de padres lejanos, y sin la aplicación adecuada de las sanciones previstas en las leyes, aunque sean demasiado leves para los menores de edad, seguramente en pocos años las personas que actúan así cuando jóvenes podrían pasar a hechos peores, sin respeto por la vida o los derechos de los demás.
Desde hace muchos años, hemos escuchado varios casos en que muchachos de estratos altos cometen un delito, son detenidos y al momento de intentar judicializarlos, intervienen sus padres y los liberan, apoyando así de hecho este comportamiento antisocial.
También en muchos casos, en lugar de someterse a las autoridades, los agresores amenazan a los agentes que los capturan, con la consabida frase “no saben con quién se están metiendo”.
Es preciso que, respetando las normas sobre reserva de identidades de los menores que cometen delitos, la Policía informe claramente qué sucedió y que la Fiscalía también explique si realizan la investigación respectiva, porque es un hecho grave que no debería repetirse.
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