Atún versus carbón

Cartagena se precia de soportar su economía sobre el trípode del puerto, el turismo y la industria, y cree que pueden coexistir por sus condiciones especiales, como la distancia entre el sector industrial y el turístico. En ese paradigma generalizado, Cartagena necesita todas las industrias sostenibles que pueda atraer y los empleos que puedan crear. Pero el conflicto entre dos vecinos en la zona industrial de Mamonal, porque uno contamina al otro, prueba algunas incongruencias –no del paradigma- sino de la normatividad ambiental y de su efectividad. Atunes de Colombia y Seatech, compañías complementarias, arrancaron operaciones donde están ahora, en 1990. El complejo atunero en Mamonal tiene muelles para descargar los barcos pesqueros, frigoríficos, una planta para procesar el atún y enlatarlo, otra para producir las latas que usa, una fábrica de harina de pescado, además de otras actividades industriales relacionadas con sus operaciones. Su vecino, Puerto de Mamonal, arrancó después, mediante resolución de Inderena (entonces la autoridad ambiental) de 1993, aunque sólo obtuvo licencia para mover carbón “coquizado”, o coque, en 2001 a través de Cardique, y luego la licencia fue modificada por esta misma entidad en 2003 para incluir el manejo del carbón “normal”. El coque viene en “bolas” horneadas pequeñas y es menos volátil, mientras el otro es como arena, suelta muchísimo polvillo y exige un manejo más estricto. Su vecino, Seatech, asegura que nunca fue informado acerca de estas licencias para trabajar con carbón, sino que lo supo cuando ya habían sido otorgadas, así que no pudo ejercer su derecho a oponerse. También asegura que se queja por la contaminación por polvillo de carbón ante Cardique y otras instancias desde marzo 8 de 2002, pero sin resultados efectivos. Desafía al sentido común que cualquier autoridad, ambiental o no, permitiera el manejo de un puerto de carbón justo al lado de una enlatadora de atún, que además llegó primero al sitio. Lo lógico hubiera sido negarle los permisos para operar con carbón en ese lugar, evitándoles contratiempos a ambos. No se discute la legalidad de los permisos de Puerto de Mamonal, que cumplió con todos los trámites de ley, ni su derecho a mover carbón según las normas, pero sorprende que el propio Estado sea desleal con quien invirtió miles de millones de pesos primero, permitiéndole un uso a quien llega después, que podría dañar la salud de los trabajadores vecinos, y además, perjudicar una industria que emplea a cientos de personas, especialmente mujeres cabeza de familia. Si para algo debería servir la discrecionalidad, sería para utilizarla con tino. Más allá de los legalismos, hay una realidad contundente: si hay polvillo de carbón donde los vecinos, el puerto carbonífero contamina y tiene que mejorar su operación hasta que no haya ninguna. Su gerente asegura que estrenará una maquinaria este año para ese propósito, lo cual es positivo. Pero hubiera sido mucho mejor otorgarle la licencia ambiental sólo si había la certeza de que existía la tecnología para manejar el carbón de manera impecable, sin nada de contaminación, y de que el puerto la implementaría.