A partir del 3 de julio, los colombianos interesados en adquirir casa propia tendrán la posibilidad de aprovechar los beneficios que ofrece el Gobierno, para subsidiar el pago de intereses en los créditos para Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP) nuevas.
El subsidio sobre la tasa de interés significa alrededor de un 30% de rebaja en la cuota mensual que deben pagar los benficiarios de un crédito para la compra de vivienda, durante un periodo de siete años.
Este programa es adicional al de las 100 mil viviendas gratis que lanzó el Gobierno, y los dos buscan garantizar que 240 mil familias de los estratos bajos tengan casa propia.
En principio, la banca colombiana reunida en Cartagena recibió con buenos ojos estos dos programas gubernamentales, ahora falta ver si ese entusiasmo se traduce en un esfuerzo concreto para contribuir a dar un techo a los colombianos más pobres.
Al menos varios representantes de entidades financieras dijeron en Cartagena que ya tienen listas estrategias de crédito para ayudar a la financiación de proyectos de construcción dentro de esta modalidad.
Sin embargo, a diferencia del Gobierno, que a través del ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras dijo que ya se dispuso de recursos por 3,7 billones de pesos para financiar los dos programas, de los cuales 1,4 billones de pesos están dirigidos a pagar el subsidio sobre la tasa de interés, el sector bancario no anunció concretamente en que consiste la estrategia de la que hablan y cuántos recursos piensan destinar para ello.
Paradójicamente, los cartageneros no podemos compartir la exultación de los banqueros reunidos en Cartagena, a juzgar por lo que dijo el gerente de Corvivienda, Willliam Amín, en una audiencia pública realizada ayer en el Concejo distrital.
Amín se mostró pesimista en cuanto a la participación de Cartagena en estos dos programas del Gobierno nacional, insistiendo en que la entidad a su cargo ha perdido viabilidad, y el secretario del Interior añadió que a los entes territoriales como el Distrito les correspondería definir el banco de tierras disponible para las viviendas y asegurarse de la factibilidad de servicios públicos.
Es un panorama desolador, evidente si tenemos en cuenta que ni siquiera se ha garantizado la solución definitiva para la comunidad del barrio San Francisco, desarraigada a raíz del alto riesgo del terreno donde estaban edificadas sus casas, que fue precisamente lo que se trató en la audiencia de ayer.
La propuesta de acudir al Gobierno nacional y a su fondo de calamidades para financiar la reubicación de los damnificados de San Francisco, exigirá un enorme poder de gestión que debilitará la adicional que tenga que hacerse para los nuevos programas, así que no la tiene fácil la Administración distrital, y mucho menos los habitantes de la ciudad que viven en la pobreza.
Lo primero que debe hacerse es solucionar uno de los problemas más complejos: buscar tierras aptas para construir.
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