El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, agarró el toro por los cuernos al promulgar decretos para controlar el mototaxismo y proteger a los propietarios de motos para uso legítimo.
Enfrentar el mototaxismo requiere gastar capital político. Aunque muy peligroso para los usuarios, es práctico para las víctimas del transporte público en buses, un suplicio en la mayoría de las ciudades del Caribe colombiano. Las motos son rápidas, baratas y van a los barrios más remotos y casas más escondidas, de donde proviene buena parte de su clientela.
Las medidas contra el mototaxismo corren el riesgo de la mayoría de las normas de cobertura ciudadana amplia cuando son promulgadas sin buena capacidad de ejecución, como por ejemplo, la del pico y placa en Cartagena. Requieren policía abundante, permanente y dispuesta a no bajar la guardia, pero las reglas terminan siendo burladas porque muchas se basan en el mismo principio de vender el sofá para evitar las infidelidades maritales, en vez de atacar las causas de raíz.
Las normas indiscriminadas contra las motos lesionan a miles de propietarios legítimos, que las usan para el transporte privado y familiar, además de perjudicar a los mensajeros de muchas empresas. En el mejor de los casos, en Cartagena deben hacer trámites engorrosos para legalizar su uso.
También perjudican a los propietarios de motos deportivas, que aunque son una minoría, pagan impuestos altos. En este caso, reemplazar un carro con una moto le conviene al ambiente por las emisiones reducidas, y a la movilidad urbana, por la menor congestión.
En el caso del pico y placa en Cartagena, castigan con la medida a muchos barrios residenciales que no la necesitan y para rematar, hay agentes que se dedican a pescar conductores incautos allí, de esos que no se bajan a protestar con una varilla de acero en la mano, especialmente señoras que salen a mercar a pocas cuadras de la casa.
Los agentes deberían concentrarse en los sitios neurálgicos que estrangulan la circulación urbana, y no en los sitios más fáciles para ellos, pero poco productivos para la movilidad.
En Cartagena, la Policía opera en desventaja porque tiene pocos efectivos. Los eventos internacionales constantes la obliga a que le dedique muchos agentes a proteger personalidades y sus rutas, abandonando al resto de la ciudad, por lo que las medidas a favor de la convivencia en las que interviene la Policía son intermitentes, y así se vuelven ineficaces.
Cartagena necesita una Policía permanente y más abundante para estimular su gobernabilidad, más precaria porque el sentido de pertenencia es tan débil.
Los alcaldes están obligados a desestimular el mototaxismo por muchos motivos –especialmente porque es ilegal- y también porque amenaza al transporte público masivo, en el que las ciudades capitales han invertido grandes cantidades de dinero de la gente, que no puede ser despilfarrado.
Hace bien el alcalde Char en enfrentar el uso ilegal de motos en Barranquilla con firmeza, y también, en devolverle los derechos ciudadanos a los motociclistas legales, los grandes perjudicados por las normas indiscriminadas contra el mototaxismo.
Las autoridades de Cartagena deberían seguir este ejemplo.
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