La estrategia incluye la creación de un nuevo sistema de seguridad rural, con mayores recursos de la Policía de Carabineros, y mejor coordinación con el Ejército en esa zona.
También funcionará el Centro de Fusión de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, para revisar las capacidades de cada fuerza y unificarlas, y se triplicará el personal dedicado a inteligencia.
Como ya las Farc no enfrentan a las tropas en grupos grandes, sino se que desplazan en pequeñas cuadrillas camuflándose entre la población civil, la Fuerza Pública cambiará su forma de actuar, haciéndolo en unidades reducidas que podrían ser comandadas por soldados profesionales, en lugar de de hacerlo con grandes batallones.
Finalmente, se dará un impulso a las redes de cooperantes.
En lo relativo a la acción de las bandas criminales y la delincuencia organizada, la acción se enfocará en contrarrestar una de sus principales fuentes de financiación después del narcotráfico, que es la extorsión, para lo cual el Gobierno está pensando incluso utilizar un sistema similar al de los Gaulas.
Por supuesto, se mantendrá la política antidroga y la estrategia operativa para combatir al narcotráfico.
Otras medidas complementarias, anunciadas ayer durante la conmemoración de los 192 años de la Batalla de Boyacá y del Ejército Nacional, son la revisión de las actuales condiciones de beneficios y elementos sustanciales de defensa técnica para los integrantes de la Fuerza Pública.
La idea es ofrecer todas las garantías a los militares y policías para defenderse de las acusaciones de conducta ilegal y que los soldados profesionales tengan el mismo tratamiento que los oficiales y suboficiales cuando están controvertidos judicialmente.
Se buscará igualmente estrechar los lazos con la Justicia para desarticular a los grupos criminales, fortaleciendo y aumentando la colaboración con la Fiscalía General de la Nación para hacer menos complicada la judicialización de los delincuentes y evitar la impunidad.
Finalmente, la estrategia incluye un plan para consolidar los avances de la Fuerza Pública y la justicia en las regiones más convulsionadas del país, aplicando la política de tierras diseñada por el Gobierno e integrando los programas de ministerios y otras entidades públicas para crear condiciones de paz en todo el territorio nacional, abriendo oportunidades y apoyando proyectos productivos.
Se trata de una estrategia integral, diseñada con criterio lúcido y con una enorme dosis de realismo, adaptando los esquemas, estructuras y procedimientos operaciones a las transformaciones en la forma de actuar de la guerrilla, las bandas criminales y la delincuencia. Y sobre todo, que no se olvida del componente social, mejorando las condiciones de vida de las comunidades afectadas.
Ahora viene el reto más grande: ponerla en práctica.
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