El Procurador General de la Nación anunció la semana pasada la apertura de una investigación preliminar contra las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), por no haber emprendido acciones preventivas necesarias para evitar las graves inundaciones que ha dejado el invierno en todo el país.Es una investigación justificada, porque, según ha informado la propia Asocar (agremiación que agrupa a las CAR), en los últimos cuatro años han invertido unos 527 mil millones de pesos en acciones y obras de “restauración, recuperación, conservación y protección del medio ambiente, asesoría ambiental a los municipios y asistencia técnica para el control de inundaciones y erosión”.
Como el departamento de Bolívar ha sido uno de los más afectados por las inundaciones, especialmente la zona de influencia del Canal del Dique y la región de los Montes de María, el juicio de responsabilidad debe incluir a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), que tiene jurisdicción sobre estos territorios.
En cumplimiento de nuestra responsabilidad periodística, acudimos a la página web de Cardique (www.cardique.gov.co) para revisar su informe de gestión correspondiente a este año, que debe estar obligatoriamente publicado en línea luego de su presentación pública. El enlace existe en la dirección www.cardique.gov.co/normatividad/detalle?id=9&tipo=INFORME_GESTION, pero cuando se pulsa el botón “Descargar”, se abre un documento de Office Word, con un encabezado que dice “Diana Marcela Paternina Barboza, Administración de Libranzas”, de manera que ante la imposibilidad de conocer la gestión ambiental de este año, tenemos que aplazar el análisis de la responsabilidad de Cardique en la prevención de la actual emergencia invernal.
Los reparos de muchas entidades y del propio Gobierno central a la falta de acción preventiva de las CAR fueron respondidos por Asocar, diciendo que “la ocupación inadecuada del territorio, la deforestación, los conflictos por cambios en los usos del suelo, la insuficiente inversión en los estudios de prefactibilidad de las obras de infraestructura, la insostenibilidad ambiental de las políticas sectoriales, la falta de atención de los pasivos ambientales y la pobreza”, hicieron imposible prevenir los desastres del invierno.
Pero no han respondido otros cuestionamientos graves hechos a todas las CAR, como el ser administradas y manejadas por intereses de sectores políticos o particulares, y la ambigüedad de competencias y funciones.
En el caso de Cardique, desde hace años se ha señalado que la junta directiva no tenía en cuenta a Cartagena, siendo la principal entidad territorial aportante, y que se tomaban decisiones para beneficiar a ciertos sectores.
Y el desacato a una conminación de la Procuraduría del mes de agosto, ratificada el 7 de diciembre pasado, en la que señala la competencia del EPA sobre la gestión ambiental en Cartagena, indica que es la propia Cardique la que insiste en manejar ilegalmente los asuntos ambientales locales, en lugar de concentrarse en la solución de los graves problemas que han causado el desastre ambiental de la zona del Dique.
Habrá que esperar los resultados de la investigación de la Procuraduría sobre el tema.
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