El Tiempo de ayer publicó un artículo interesante acerca de Transmilenio, sobre todo porque ese Sistema de Transporte Masivo (SITM) está metido de lleno en el mercado del carbono, como vendedor. ¿En qué consiste? A rasgos grandes, en que en los países industrializados, las empresas que contaminan la atmósfera con emisiones de gases que tienen carbono tienen un límite máximo permitido y si lo sobrepasan, tienen dos opciones: o reducen obligatoriamente sus instalaciones industriales o desarrollan tecnologías para contaminar menos, o le compran certificados a otras compañías que funcionan por debajo del límite que les es permitido, o mejor aún, se los compran a propietarios de bosques, que son productores netos de oxigeno. El caso de Transmilenio debería servir para adoptarlo también en Transcaribe, con algunas ventajas. ¿Cómo funcionaría? Una compañía acreditada determina los ahorros de emisiones que generará Transcaribe al movilizar miles de pasajeros en buses grandes, en donde la emisión por pasajero es muchísimo menor a la que sería en cualquier vehículo de menor capacidad, como ocurre ahora, que hay muchos buses casi vacíos. La diferencia entre las emisiones de los buses que circulan en Cartagena hoy, y las que producirán la cantidad mucho menor de motores que tendrá Transcaribe en funcionamiento con muchos más pasajeros, son la base para saber por cuánto vendería ese certificado de ahorro en el mercado internacional. Transcaribe tendría una gabela adicional que tendría que incluir con la compañía certificadora para poder funcionar en el mercado internacional, que es el componente acuático del transporte público, que cumpliría el mismo principio: lanchas con más capacidad de pasajeros y motores más eficientes contaminarían mucho menos que las cientos de lanchitas que van y vienen hoy en día entre la Cartagena insular y la ciudad continental. En algunos tramos, las lanchas estarían sustituyendo buses, y su eficiencia se mediría contra la ineficiencia de los buses y busetas de hoy. El concepto de poder negociar certificados con las compañías contaminadoras debería extenderse mucho más, e incluir fuentes de energía tales como la solar y la eólica. Hay muchas aplicaciones prácticas para poder iluminar algunas áreas públicas con paneles solares y turbinas eólicas, como las que utilizan los veleros que navegan las aguas internacionales, y el Distrito debería tener alguna oficina suya que investigara estas opciones. Por otro lado, la sustitución de carros con motores de combustión interna por otros con motores eléctricos también debería poder generar incentivos económicos para sus usuarios parecidos a los descritos arriba. La “flota” de autos eléctricos, por ejemplo, podría acudir a estaciones de “combustible” consistentes en baterías de paneles solares. Por su parte, el Distrito y el Gobierno nacional deberían reducir los aranceles y los impuestos de funcionamiento de estas máquinas para estimular su uso, y decretar algunas áreas sólo para vehículos con motores eléctricos. Nada de lo anterior es ciencia ficción, sino una actitud práctica –aunque parezca futurismo- para salvar nuestro hábitat.