Cartagena está agobiada por los paros. Los hace cualquiera, por cualquier motivo, a cualquier hora. No respetan los derechos de movilización de la mayoría de la ciudadanía, sino que bloquean las vías, interrumpen arterias, causan trancones y molestias grandes. Pareciera que mientras mayor sea el perjuicio a la población, “mejor” es el paro. Hay paros espontáneos e ingenuos, como el de antier, cuando los obreros del Tramo 6 de Transcaribe protestaron porque sus patronos no les pagan sus salarios, y bloquearon la entrada a Bocagrande. Y también hay paros mejor calculados, con una estrategia casi militar, como el de los mototaxistas hace unos días, quienes bloquearon varios sitios neurálgicos para minimizar la posibilidad de que la Policía pudiera controlar todas las interrupciones simultáneas de las vías. Con más de 50 mil motos en la ciudad y apenas una cantidad irrisoria de policías de Tránsito, es fácil trabar el tráfico de Cartagena. Pero la movilidad no sólo se interrumpe mediante paros y bloqueos de vías, sino a través del abuso del espacio público, que pulula en la ciudad. Duele ver, por ejemplo, automóviles encaramados en los adoquines nuevos de los distintos tramos de Transcaribe, donde algunos negocios se ocupan de la mecánica automotriz, cambios de aceite y arreglo de frenos. ¡Cuánto descaro! ¡Cuánta desfachatez! Es inaudito que las obras de Transcaribe no tuvieran implícitas campañas serias de educación, y planes de control inmediato del espacio público. Esta era una labor del Distrito, que podía haberla desarrollado a través de Transcaribe o a través de la Oficina de Espacio Público, con la colaboración estrecha y oportuna de la Policía. No se puede permitir que los abusadores multiestrato del espacio público se apoderen de lo que es de todos, especialmente cuando sabían las áreas que transformará Transcaribe, y tuvieron tiempo más que suficiente para cambiar de paradigma, ajustándolo a uno cívico y de progreso colectivo, en vez de mantener la arrogancia de considerarse con derecho a usufructuar para beneficio propio lo que es de todos. El presidente Santos anunció nuevas incorporaciones a la Policía, lo que debería ayudar a incrementar la seguridad urbana y de paso el civismo, aunque sea a la brava, pero faltan sanciones duras para los invasores del espacio público. Es indispensable que las entidades del Estado se aseguren de que no haya funcionarios venales en sus nóminas, de esos que estiran el brazo con la mano abierta a cambio de no ver infracciones ni infractores. El espacio público tiene un entramado de “dueños” que fungen como autoridad informal, cobran “cuotas” y ofrecen protección. También hay negocios formales que proveen a los informales con mercancía, dándole combustible a la invasión de la propiedad común. El Estado no puede sanear la podredumbre haciendo más de lo mismo, porque ya no funciona. Además de imponer una política de cero tolerancia con el bloqueo de vías, el Distrito tendrá que innovar, y la Policía estirarse más para patrullar el espacio público y mantenerlo libre.
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