El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) divulgado ayer por Transparency International “revela un alto nivel de percepción de corrupción en el sector público en Colombia”. El país tiene una “calificación de 36 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción)”…;y está “en el puesto 94 entre 176 países evaluados”. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda están empatados en el primer puesto mundial, mientras Afganistán, Corea del Norte y Somalia comparten el último puesto.
En América del Sur, Colombia está por debajo (peor) de 19 países y encima de 12. Chile (72), Uruguay (72) y Brasil (43) lideran por enfrentar y sancionar sus escándalos de corrupción. En Brasil hay funcionarios importantes en la cárcel por corruptos. Honduras, Paraguay, Haití y Venezuela están en el último lugar regional.
El gobierno de Santos entró hablando duro contra la corrupción, pero apenas salió la reelección al tapete –vimos lo mismo en el gobierno anterior-, hubo movidas politiqueras, inconsistentes con sus declaraciones iniciales. El informe de la CPI asegura que mientras haya impunidad, no progresará la lucha contra la corrupción.
“La ausencia de sanciones efectivas y rápidas frente a casos de corrupción y la prevalencia de prácticas de abuso del poder en todas las ramas del poder público y en diferentes estamentos del Estado se reflejan en la baja calificación que obtiene Colombia en el IPC.”
Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, dijo: "Lo que nos muestra la baja calificación …; es que a pesar de las reformas institucionales para combatir la corrupción, incluyendo …; el Estatuto Anticorrupción, aún no se percibe el efecto …; sobre prácticas corruptas en el Estado colombiano” donde “se percibe que la sanción no es efectiva, y predomina una sensación de impunidad".
Y Ungar agregó: “La corrupción en Colombia ha alcanzado un carácter estructural…;también se manifiesta en la captura del Estado en sus diferentes niveles...El problema viene escalando…;y no tiene color político. El ejecutivo, el legislativo, la rama judicial y los órganos de control deben coordinarse si queremos resultados efectivos”.
Ungar tiene tanta razón, que la captura del Estado, que parecía limitada a los grandes negocios en Bogotá, asoma su cabeza podrida en cualquier pueblo. En algunos cercanos a Cartagena, se repite con insistencia que abogados, invasores y funcionarios corruptos forman carteles para despojar a los propietarios de sus tierras. Sus víctimas ya no son campesinos ingenuos e inermes, ni las tierras están perdidas en la manigua. Es tal la prepotencia de los ladrones de tierra, que cualquier propietario de predios de primer orden a la orilla de carreteras principales puede ser su presa.
El descaro, garantizado por la impunidad, es absoluto y los entes de control invocados por Ungar no aparecen. Se necesita con urgencia a la Procuraduría, Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para que rompan la manguala de los carteles del robo de tierra. Ante lo que pasa en muchas partes, la confianza inversionista cacareada por el Gobierno comienza a parecer un chiste de mal gusto.
Presidente, ¡aterrice en la Colombia real!
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