La mayoría de los líderes políticos, analistas y académicos colombianos está de acuerdo en que la denuncia del Ministro de Defensa sobre guerrilleros colombianos en Venezuela y la presentación de pruebas con el sitio exacto de campamentos de las Farc y el Eln en el país vecino, se hicieron en un momento inoportuno, aunque esta presencia se reconozca y condene plenamente. Se critica que la denuncia no contenga información nueva, aunque se citaron los nombres de Iván Márquez; Rodrigo Granda, alias Ricardo; Timoleón Jiménez, alias Timochenko; y Germán Briceño, alias Grannobles (de las Farc); así como de Carlos Marín Guarín, alias Pablito (del Eln). Se entregaron además evidencias en video y coordenadas de los campamentos. La respuesta venezolana fue la prevista: una avalancha de adjetivos injuriosos y frases grandilocuentes, como la afirmación de que el presidente Uribe trata de “sembrar minas para evitar una reconciliación” entre los dos países y la calificación de los señalamientos de “una olla podrida llena de falsos positivos mediáticos”. Buscando con detenimiento en esa maraña retórica repetida por el Gobierno venezolano, hay algunas respuestas vagas y ambiguas a las denuncias de Colombia. La Cancillería de Venezuela, por ejemplo, dice que su país verificó en el pasado las denuncias de Colombia y que han “constatando sistemáticamente la falsedad de tales informaciones”. Obviamente, la credibilidad del Gobierno de Chávez es muy baja, de manera que esa respuesta causa escepticismo inmediato, especialmente porque se dice de manera general. Tampoco convence la contradicción de calificar las denuncias de Colombia como “falsos positivos mediáticos”, cuando el país que más utiliza el autoritarismo para restringir la libertad de expresión es precisamente Venezuela, como lo aseguró ayer el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alejandro Aguirre, en una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy pocos colombianos dudan de que haya miembros de las Farc y el Eln en Venezuela, y en esa medida, las denuncias del Ministro de Defensa el pasado jueves deberían ser percibidas como un llamado legítimo al Gobierno de ese país para que no colabore con la agresión terrorista a Colombia, sobre todo porque, como lo aceptó ayer el canciller Maduro, los informes enviados para que el Gobierno de Chávez actúe contra la guerrilla refugiada en su país, son considerados falsos. Aunque es lógico que muchos crean inoportunas las denuncias cuando el presidente electo Juan Manuel Santos trata de normalizar las relaciones con Venezuela, tal normalización depende de la sinceridad del Gobierno vecino, algo que parece ser lo que quería cuestionar el presidente Uribe –con razón- cuando decidió señalarlo. Aunque es mejor tener buenas relaciones con Venezuela, es difícil pensar que su régimen cambiaría la política bolivariana expansionista, o que les pagaría oportunamente a los empresarios colombianos si se reanudara el comercio, o que dejará de apoyar a las Farc y al Eln. Aspirar de nuevo al mercado venezolano, con la posibilidad de que Chávez vuelva a chantajear a Colombia cerrando la frontera con cualquier pretexto, sería una ingenuidad en la que sería mejor no caer.
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