Desde hace un mes, un grupo de miembros de una iglesia local ocupa cada viernes en la tarde el parque del antiguo Reloj Floral, instalan amplificadores y grandes parlantes, y con música y proclamas aseguran estar difundiendo la palabra de Dios.
Son proclamas ominosas, que advierten de los terribles castigos a que se verán sometidos quienes no se conviertan y busquen la salvación acogiendo a Cristo en su corazón.
De vez en cuando, entre proclama y proclama, interpretan canciones mientras varios líderes espirituales uniformados pasan entre los curiosos y convencidos, con una bolsa de tela amarrada al extremo de una vara de madera, pidiendo aportes económicos, y a quien se niega a dar dinero lo miran con severidad y le recitan frases de la Biblia.
Nunca se identifican como de cierta iglesia o culto particular, pero su estrategia para conseguir adeptos parece una derivación de las crueles imposiciones que el Santo Oficio solía hacer en la Edad Media, cuya esencia es el miedo y la amenaza.
En términos de la vida cotidiana, donde todos los ciudadanos gozan en teoría de los mismos derechos y libertades, la ocupación del espacio público sin permiso de la autoridad civil y la perturbación de los transeúntes a quienes se les viola su derecho a la tranquilidad y se les somete a una molestia obligatoria, hace de esta práctica una trasgresión a las normas de convivencia. Sobre todo porque quien les responde con negativas o se mantiene indiferente a su feroz predicación, es sometido a epítetos irrespetuosos y puesto como ejemplo de los descarriados que no irán al cielo.
En términos espirituales, esta o cualquier otra congregación religiosa que aterrorice para lograr que se acepten sus dogmas, no sólo carece de legitimidad, sino que rompe el concepto de libre albedrío que hace parte de la esencia misma de la doctrina cristiana.
En tiempos tan difíciles como los actuales, es lógico que la gente acuda a buscar orientación en las iglesias y los cultos religiosos, pero muchos de ellos no son más que prósperos negocios que se aprovechan de la incertidumbre para enriquecer a sus pastores o líderes, de manera que es preciso que la gente entienda que cualquier congregación que exija dinero como requisito para aceptarlos carece de veracidad, carece de autoridad moral y espiritual.
En el Ministerio del Interior existe un registro de 1.967 congregaciones de carácter evangélico, la mayoría de las cuales se han derivado de las iglesias protestantes más tradicionales, y algunas de ellas se transformaron en verdaderos grupos fundamentalistas, que parecen darle mayor importancia a la propia evangelización, es decir a compartir creencias y ritos, que en integrar la doctrina cristiana a la vida diaria.
Dedican más tiempo a las reuniones multitudinarias y relaciones cada vez más estrechas con sus miembros, que a orientarlos en hacerse más grandes espiritualmente, porque a muchas no les interesa salvar sino controlar.
Por supuesto, también hay congregaciones auténticas que realizan trabajo social entre los sectores pobres, con lo cual están verdaderamente viviendo el mensaje cristiano.
Pero no hay justificación alguna a que se apropien de los espacios públicos en un país con una Constitución que, además de garantizar la libertad de cultos, también se garantiza el respeto a los derechos de los demás.
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