Por ausentismo no justificado, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública abrió investigación disciplinaria contra 25 congresistas y contra el presidente del Senado, Javier Cáceres Leal, por omisión de sus funciones de velar por el funcionamiento del control de asistencia y sancionar a los ausentistas. Algunos no soportaron debidamente la excusa presentada, como las incapacidades expedidas por médicos particulares y no la EPS a la que están afiliados; otros presentaron excusa extemporánea, su excusa no era válida o no presentaron excusa alguna. Por no pasar la relación de estos ausentistas, también se investiga al Secretario General del Senado, lo mismo que a los integrantes de la comisión encargada de verificar el cumplimiento de la asistencia. En muchos casos, congresistas contestaron a lista y luego se retiraron de la sesión, llegaron al momento de alguna votación o simplemente no se presentaron al recinto, en ciertos casos durante la discusión de importantes proyectos de ley o la realización de debates de control político. La inasistencia de congresistas a las sesiones no sólo afecta su transparencia y credibilidad, sino que deja en manos de unos pocos la discusión de importantes iniciativas para superar los grandes problemas nacionales y cimentar la democracia. Es preocupante, además, que no se haya hecho ningún descuento al sueldo de los ausentistas, desde el 20 de julio pasado, hasta la fecha, como lo informó el Pagador del Senado a varios medios de comunicación. Eso constituye un detrimento de los recursos del Estado El ausentismo con excusa o justificación válida no se ha cuantificado, pero también ha tenido impacto en el hundimiento de algunas iniciativas de gran importancia para el país. Lo paradójico es que el presidente del Senado, Javier Cáceres, pidió ayer a los organismos de control, como la Procuraduría y la Contraloría, revisar cuidadosamente las excusas presentadas por algunos congresistas para no asistir a las sesiones. Una petición absurda, teniendo en cuenta que a él se le investigará precisamente por no velar por el pleno funcionamiento de la Comisión de Acreditación Documental –que tiene a su cargo recibir la identificación de los congresistas electos y dictaminar inasistencia ante la Mesa Directiva–, no velar por el cumplimiento oportuno de las actividades encomendadas; no proferir la resolución inmediatamente después de la respectiva sesión; no ordenar el trámite de los posibles descuentos, y no reglamentar procesos y procedimientos de Control Interno para la valoración de las excusas. En resumen, no ha cumplido una de sus funciones, la de asegurarse que existan y operen los controles internos al desempeño de los congresistas. Sólo después de que la Procuraduría anunciara la investigación contra los 25 congresistas, dijo que esta semana se conocerán cuánto se les descontará de sus salarios. El ausentismo parlamentario es sólo uno de los problemas que reduce la eficiencia del Congreso, limita su acción legislativa y elimina la transparencia con la que deben realizar su trabajo, facilitando las componendas que tanto debilitan su independencia y, por ende, su fortaleza como rama del poder público. Es importante que los ciudadanos estén atentos a los informes sobre el desempeño de los congresistas, para saber quiénes no están cumpliendo adecuadamente con la tarea que les encomendaron sus electores y los castiguen en los comicios del próximo año. Mientras adopta sanciones disciplinarias, la Procuraduría debe continuar divulgando las labores de control al desempeño parlamentario, de manera que los colombianos tengan la oportunidad de elegir a quienes realmente cumplen su tarea.
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