Da la impresión de que uno de los problemas fundamentales de la salud en Colombia no ha sido enfrentado directamente en los recientes decretos de emergencia dictados por el Gobierno: el control estricto a las IPS, que han recibido grandes sumas de Fosyga, mientras muchos hospitales públicos agonizan porque esta entidad les debe cantidades astronómicas de dinero. Las prolijas explicaciones y réplicas del presidente Uribe y del ministro de la Protección Social no han podido desvirtuar la convicción de que la emergencia reforzará lo que el sistema ha privilegiado desde hace años, es decir, la rentabilidad por encima del derecho a la salud. Los problemas derivados del tratamiento de enfermedades de alto costo son apenas una arista de la crisis, cuyos orígenes están en una ambigua definición del POS y en la falta de vigilancia a la calidad de los servicios privados de salud. Para las IPS hay innumerables leyes, pero a juzgar por lo que se ve a diario, no hay control, empezado por la ausencia de una minuciosa calificación para acreditarlas. Los medios de comunicación recibimos a diario las denuncias de pacientes que se consideran maltratados en las llamadas “clínicas de garaje”, examinados en salas sin privacidad y sin garantías de asepsia. Hemos investigado algunas de esas denuncias y publicado los casos en que se comprueba que el denunciante tiene razón. Pero esa misma diligencia no la muestran los organismos encargados de controlar a estas clínicas, que no llegan ni siquiera a la instancia de averiguación preliminar. En Cartagena, empezaron a funcionar numerosas clínicas registradas como de segundo nivel, cuando ni siquiera califican para el primero. La falta de controles estrictos convierte a los organismos encargados en cómplices de una irresponsabilidad con ribetes penales, pues cuando una clínica de garaje se registra como de segundo nivel, debe contar con quirófanos bien dotados, un equipo de especialistas, una sede adecuada para hospitalización y unidad de cuidados intensivos. Si ni siquiera tiene la capacidad para atención inicial en una buena sala de urgencias, los pacientes que sean remitidos a ella, confiando en su registro calificado, irán a una muerte segura. Hemos reseñado en los últimos años algunos casos, entre ellos el de un paciente a quien se le diagnosticó un quiste y al operarlo, los médicos le perforaron el colon, ocasionándole una infección mortal. Estas clínicas de garaje se crearon con el único propósito de ganar dinero, prestando exclusivamente servicios a pacientes que están en el sistema subsidiado o a los de menos ingresos del régimen contributivo, porque los clientes particulares prefieren pagar en hospitales o clínicas de verdad. Es tan evidente este esquema, que resulta inconcebible que el Gobierno no establezca mecanismos de control, como exigirles a las clínicas privadas un porcentaje mínimo de ingresos procedentes de la atención a particulares o a pacientes con seguro de salud prepagada. Es hora de que se haga en Cartagena, y en todo el país, un inventario de las clínicas existentes, que se les haga una exhaustiva inspección, para comprobar si cumplen con los requerimientos para prestar atención en salud. Y, por supuesto, deben clausurarse las que no cumplan con estos requisitos, sin contemplaciones de ninguna clase, porque con la salud y la vida de la gente no se juega.
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