El Gobierno impulsa el Corredor Náutico, que consiste en tener equipamientos de diverso orden en los litorales de Colombia para atraer un porcentaje de los 2,6 millones de yates que funcionan en el Mar Caribe. Su llegada estimularía nuevos servicios para yates y tripulaciones, creando empleos locales e incorporando divisas a nuestra economía.
La barrera principal para el Corredor era la inexistencia de un sistema de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés), carencia que anulaba la validez de los seguros de los yates que entraran en aguas colombianas, desestimulando a la mayoría de sus propietarios a recalar en nuestros puertos.
Desde hace pocos años, y cada año más, la Armada Nacional presta un servicio de búsqueda y rescate eficiente, con una mezcla sofisticada de equipos humanos, marítimos y electrónicos: radares en sitios estratégicos; barcos y guardacostas cada vez mejor equipados; helicópteros y lanchas rápidas desplazadas desde barcos o desde tierra; y un personal cada vez más calificado que permite operaciones complejas, como sacar enfermos de los barcos de cruceros en helicópteros en pleno Mar Caribe.
Superado el escollo del sistema SAR, surge el de la falta de marinas idóneas para atracar y prestarles servicios adecuados a los yates y megayates, este último un nicho muy rentable para los astilleros locales, restaurantes y sitios de interés turístico.
Santa Marta construyó una marina con 256 posiciones y otro grupo invertirá 35 mil millones en una marina en Puerto Velero, Atlántico, que tendrá 540 amarres, además de un hotel pequeño y distintos servicios para los navegantes.
Cartagena tiene varios proyectos de marinas en espera, que sepamos: una frente a los parqueaderos del Centro de Convenciones; dos nuevas en la ribera de la avenida Miramar, en Manga; una en Bocagrande; y por lo menos una en la Zona Norte.
Las marinas que nacen en áreas amplias de extramuros no generan controversia, pero las que serían implantadas en las áreas urbanas, especialmente cerca a los monumentos históricos, enfrentan oposición, unas veces por falta de información y otras por improvisación.
En el foro náutico de Santa Marta del 18 de marzo pasado, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, dijo que se pretende que “esta clase de turismo se convierta en un producto prioritario y emergente”.
Allí también fue sugerido convertir las marinas en zonas francas náuticas y reducir “los trámites ante la Dirección General Marítima (Dimar), para la construcción de marinas”. Esto último suena a bien a priori, pero no debería significar que los inversionistas podrán sacrificar la calidad de vida de los barrios en donde se harían estos proyectos. A Cartagena le conviene el Corredor Náutico y la construcción de marinas siempre y cuando no atropellen a la comunidad, sino que la beneficien.
Las marinas bien concebidas tienen muchas consecuencias positivas y deberían contar con el apoyo público y privado. Aunque sean explotadas por privados, hacerlas es de interés público porque generarían empleos e impulsarían la creación de industrias complementarias, trayéndole ventajas al erario, a los habitantes y a los accionistas.
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