Terminado el período de votación en las elecciones del domingo, la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó que había enviado a las autoridades 165 denuncias sobre delitos electorales, especialmente la compra de votos. La misión de veeduría electoral de la OEA también denunció en un informe a la prensa numerosas irregularidades electorales en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander, entre ellas la compra de votos. El jefe de la misión de la OEA, Enrique Correa, explicó que los votos no sólo se pagaron con dinero en efectivo, sino con el ofrecimiento de becas o comida, y dijo que los veedores habían observado casos específicos en los municipios de Palermo (Magdalena), Magangué (Bolívar) y Soledad (Atlántico). Sin embargo, estas denuncias de tanta gravedad para la salud de la democracia colombiana no han merecido del Gobierno nacional el comentario más pequeño. En cambio, el presidente Uribe reaccionó con energía e indignación a las denuncias sobre el consumo de licor en las oficinas de la Registraduría en Corferias, el domingo, durante la jornada de votación y conteo de votos. Por supuesto, la desobediencia a la ley seca es una contravención grave, que se agrava más si quien la comete es un alto funcionario del Estado o si desde el propio Estado se fomenta la conducta ilegal, de manera que es legítima la reacción del presidente Uribe, y por eso mismo, es inexplicable que no haya otra igual de vehemente contra todas las irregularidades señaladas por una ONG seria como MOE, y nada menos que por una misión de un organismo internacional como la OEA. La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado escueto después de la jornada del domingo, informando que había asumido “la investigación por 59 hechos relacionados con posibles delitos contra los mecanismos de participación democrática” y añadió que algunas de esas conductas fueron “conocidas de oficio”. La Procuraduría se pronunció oficialmente el lunes, anunciando su acompañamiento al escrutinio de la consulta conservadora, y refiriéndose brevemente a que había recibido 170 denuncias por afectación del censo electoral, constreñimiento al elector, venta de votos, entre otros delitos. Aparte de estas declaraciones, los entes de control permanecen en un mutismo preocupante frente a las contundentes denuncias de MOE y la OEA. Esta vez ni siquiera anuncian “investigaciones exhaustivas” y “hasta las últimas consecuencias”, como ha sido usual en circunstancias similares. Como las declaraciones de los voceros de la Fiscalía y Procuraduría son vagas y generales, no se sabe si entre los delitos que investigan están los casos específicos de Palermo, Magangué y Soledad, denunciados por la OEA, o las anomalías aparentes que se muestran en un video del ex alcalde Nicolás Curi, que emitió Caracol Noticias. No se puede excusar la omisión de investigar con el argumento de que no hay denuncias concretas, primero porque sí las hay y, segundo, porque como lo reconoce la misma Fiscalía en su comunicado del domingo, puede conocer “de oficio” estas conductas delictivas y punibles. Los colombianos esperan respuestas prontas y contundentes de los organismos de control, para recuperar la confianza perdida en esas instituciones.
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