La ley obliga a la alcaldesa de Cartagena, mediante una Acción de Cumplimiento, a hacer que los buses intermunicipales lleguen y salgan de la Terminal de Transportes, a lo que se oponen enconadamente los transportadores de Arjona, Turbaco y Turbana, quienes pretenden entrar hasta la ciudad, argumentando que la Terminal es insegura y que se le añade tiempo y costo a sus pasajeros. Los viajeros de esos tres pueblos, dormitorios de Cartagena, insisten en entrar a la ciudad como han hecho toda la vida, y sus razones las entiende cualquiera, sobre todo en vista de que perderán una comodidad a la que han estado acostumbrados desde siempre. ¿Quién que se ponga en sus zapatos no tendría que darles la razón? El punto de vista de los habitantes de Cartagena es el contrario (a pesar de simpatizar con las penurias de los pasajeros de extramuros), especialmente el de los habitantes de los barrios convertidos en terminales satélites por los buses intermunicipales cerca de los límites entre la ciudad y Turbaco. Allí reinó el caos: ruido, ventas ambulantes, deterioro de la calidad de vida de áreas residenciales, trancones y hasta atracos. La entrada obligatoria a la Terminal de los buses intermunicipales debería haber comenzado desde 2001, pero se ha venido aplazando de manera repetida luego de reuniones innumerables (la más reciente fue ayer) para intentar conciliar los intereses de todos. El Distrito ha sido generoso al aplazar durante tantos años la solución final, oyendo siempre los mismos argumentos principales y alguno que otro nuevo de los transportadores de los tres pueblos. Pero ahora pesa sobre la Alcaldesa la decisión judicial antes mencionada, cuyo incumplimiento la podría llevar a la cárcel, por lo que a partir de mañana todos los buses intermunicipales tendrán que ir a la Terminal de Transportes. No hay que olvidar que Transcaribe, próximo a entrar a funcionar, ha tenido que negociar indemnizaciones –o tendrá que hacerlo- con todos los transportadores municipales que perderán los pasajeros que llevará el sistema masivo, con grandes costos para el arranque de esta nueva línea. Además de la obligación legal de la Alcaldesa, permitirles a los transportadores intermunicipales ingresar a Cartagena significaría que podrían llegar a reclamar derechos adquiridos de hecho –una especie de “confianza legítima” sobre ruedas y con motor-, para que Transcaribe también los tuviera que indemnizar. La gente de Arjona, Turbaco y Turbana no merece que le añadan más incomodidad y costo a un viaje ya largo, ni los habitantes de ningún barrio de Cartagena tienen por qué ver deteriorada su calidad de vida con estaciones satélites. ¿Hay alguna solución en la que todos obtengan un poco y también cedan algo? La ley le permitiría al alcalde Turbaco establecer una terminal de transferencia cerca del perímetro urbano, como ya se lo han propuesto, y esa podría ser la solución más cómoda –o menos molestosa- para los pasajeros, y a la vez sería un incentivo para que los empresarios del transporte intermunicipal integraran su servicio al de Transcaribe.
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