Crueldad en salud

Elkin Molina Márquez padece desde julio pasado uno de los dramas más duros y prolongados de su vida: Jemeris Molina Rohenes, su hija de 12 años sufre un dolor abdominal insoportable, pero la han paseado de clínica en clínica sin que la atiendan debidamente, porque la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la que está afiliado, Saludcoop, sigue intervenida y casi ninguna Institución Prestadora de Salud (IPS) quiere recibir a sus pacientes.

A la EPS le corresponde solucionar este problema, porque la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud no significa que deje de funcionar, sino que su manejo provisional está a cargo de la entidad estatal, pero tampoco las clínicas que tienen convenios con Saludcoop pueden evadir su responsabilidad de atender a sus afiliados.

El caso de la pequeña Jasmeris, infortunadamente, no es la excepción sino la regla en el país, pues muchos pacientes deben acudir a la tutela para tener más posibilidades de que su problema de salud se resuelva.

Un estudio de la Defensoría del Pueblo reveló que el número de acciones de tutela para reclamar un buen servicio de salud, creció en 2011 un 10,17%, en relación con el 2010.

Saludcoop, precisamente, junto con la Nueva EPS y Coomeva, son las más entuteladas, por pacientes que reclamaron por tratamientos, medicamentos y cirugías.

De las 405.359 acciones de tutela presentadas el año pasado, 105.945 (el 26,14%) correspondieron a reclamos frente a la prestación de servicios y el 67,81% de estas fueron solicitudes por procedimientos contemplados en el POS.

Aunque el control y la aplicación de sanciones en estos casos le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, los organismos territoriales de salud no pueden eludir su deber de vigilar la prestación óptima del servicio en sus áreas de influencia, en este caso el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) debería apersonarse de este y otros casos para exigirle a la EPS que cumpla con sus obligaciones.

La desconfianza de las IPS hacia Saludcoop nace del temor a que esta EPS se demore en pagarles por los pacientes atendidos. A pesar de que es un temor legítimo, no pueden olímpicamente lavarse las manos ni el Dadis puede evadir su obligación de servir en principio de mediador entre el usuario y la EPS, y actuar si no se resuelve el problema.

En Cartagena, la atención en salud desmejoró de manera grave, primero porque las camas hospitalarias son insuficientes y su cantidad no crece a la misma velocidad de la demanda, y además, porque la calidad del servicio empeoró, como lo demuestra el número elevado de casos reseñados en las páginas de este periódico, sin que se hayan visto acciones de control o de sanción por parte de la Superintendencia.

Es hora de que el Dadis intensifique su función de control y vigilancia sobre las entidades del sistema de salud que funcionan en Cartagena, y que insista ante Supersalud para que investigue y sancione a las que se les compruebe que cometieron irregularidades. En muchos casos, no atender a un enfermo es casi lo mismo que matarlo.