El pasado sábado, un numeroso grupo de motociclistas paralizó el tráfico durante más de 6 horas, en una amplia y crítica zona de Cartagena, para protestar por los operativos de la Policía y el DATT, que los hicieron retirar del sector de la India Catalina. La Policía intervino para restablecer la movilidad y en algunas intersecciones se produjeron disturbios y choques violentos, que terminaron con 10 personas detenidas y 25 motos inmovilizadas. Uno de los líderes de la protesta, dijo ayer a este periódico que el bloqueo fue una manera mostrar el rechazo de los mototaxistas a lo que llaman persecución de la Policía con retenes frecuentes en distintos sitios de la ciudad y porque los desalojan de algunos lugares donde se estacionan a esperar los pasajeros. Precisamente, el bloqueo comenzó en la zona de la India Catalina, donde habían sido desalojadas las motos estacionadas, porque contribuían a obstaculizar el flujo vehicular y estaban demasiado cerca de algunos juzgados, donde se están llevando procesos criminales graves, algunos de cuyos protagonistas han sido asesinados por sicarios en moto. Es decir, fue un desalojo preventivo y para garantizar cierto orden en la circulación vehicular. Es inaceptable que, invocando la vulneración de su derecho al trabajo, la cooperativa que agrupa a un grueso número de mototaxistas decida vulnerar los derechos de los demás ciudadanos, que merecen ser igualmente respetados. El bloqueo de intersecciones viales sensibles y los disturbios que se originaron cuando la Policía, en cumplimiento de un deber ineludible, intentó retirarlos de las vías, no son más que una muestra de vandalismo y desconocimiento absoluto de que viven en una comunidad, cuyos miembros también exigen el respeto a sus derechos fundamentales, como el de libre movilización. Sorprende que sea precisamente la cooperativa de mototaxistas, que ha venido trabajando para lograr el reconocimiento de esta actividad que hasta el momento no está permitida por las leyes colombianas, el que haya protagonizado semejante muestra de anarquía y desorden, que en nada ayuda a sus aspiraciones de legitimar y legalizar su trabajo. No todos los mototaxistas son irresponsables, no todos infringen las normas de tránsito, ni todos se prestan a transportar a los sicarios que han segado a bala decenas de vidas en Cartagena en los últimos años. Pero la única manera de demostrar que la mayoría quiere trabajar en paz y legalmente es que se decidan a obedecer las normas de tránsito, a conducir sus vehículos con prudencia y cuidado, y a evitar a toda costa acciones vandálicas como la del pasado sábado. Mientras el comportamiento de los motociclistas sea imprudente, violento y mientras desconozcan las normas de tránsito y de convivencia ciudadana, los retenes y los desalojos frecuentes de lugares críticos serán inevitables. Es evidente que el oficio de mototaxista se impuso casi por la fuerza, y no es posible impedir su ejercicio sin que se presenten traumatismos de suma gravedad, de manera que el camino más racional es propiciar su reglamentación, pero hasta el momento, el gremio de mototaxistas no ha dado muestras de responsabilidad y de buen criterio, que justifiquen esa reglamentación.
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