Cuentas claras en la tierra como en el cielo

Las opiniones que enviaron los lectores a la página web de El Universal, para comentar la noticia relacionada con las acusaciones contra el pastor Johnny Copete y sus declaraciones para desmentirlas, son aterradoras.
Que semejante carga de odio sea lanzada por gente que se proclama cristiana resulta absolutamente desconsolador, porque el mensaje de Cristo es exactamente lo contrario, es un mensaje de paz, de concordia, de amor infinito hacia el hombre como obra de Dios.
No nos corresponde pronunciarnos sobre las acusaciones contra el pastor mientras no haya una investigación oficial, porque tal función la tienen los fiscales y los jueces, pero en la avalancha de mensajes a favor y en contra subyace otra discusión que sí nos compete y que incluye a todas las iglesias y cultos que existen en Cartagena y en Colombia, la Iglesia Católica entre ellos: el manejo de los dineros que los fieles entregan como diezmo o como limosna.
La Constitución de 1991, en su artículo 19, garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, desarrollado por la Ley 133 de 1994, que a su vez fue reglamentada por el Decreto 1396 de 1997, normas en las que se aclara que aunque ninguna religión o iglesia se considera “oficial” de Colombia, el Estado protege a las personas en sus creencias y a las iglesias en su actividad.
El Ministerio del Interior reconoce la personería jurídica a las congregaciones religiosas que certifiquen su existencia con varios documentos, y las inscribe en un registro especial, de manera que pueden realizar transacciones u operaciones de derecho civil, como enajenar bienes o recibir aportes y donaciones. También se reconoce como representante al Ministro, cuya acreditación le corresponde a la autoridad competente del respectivo culto.
En el más reciente registro público están inscritas 2608 religiones, cultos o iglesias, muchas de las cuales, a juzgar por las 1771 solicitudes, quejas y reclamos radicados en Mininterior desde 2008, y por las 56 investigaciones abiertas por la Fiscalía en los últimos cinco años, son “de garaje”, un engaño para sacarles dinero a los incautos o se prestan para esconder actividades delictivas mucho más graves.
La mayoría de las quejas tienen que ver con el uso del dinero que entra por concepto del pago de diezmos, limosnas y otros aportes, pero aunque se tenga la presunción de que muchas de esas confesiones se han convertido en negocios bien montados, no existe una instancia que pueda ejercer el control, excepto los propios fieles, quienes tendrían que interponer denuncias y esperar las investigaciones y los eventuales procesos.
Si las innumerables iglesias, confesiones y cultos que funcionan en Cartagena son congregaciones que sinceramente promueven el mensaje cristiano y forman a los feligreses en su cumplimiento y aplicación en la vida, deberían entregarles mensualmente un reporte de los dineros recibidos de todas las fuentes y de los gastos que han hecho, incluyendo lo que se les paga a los pastores y distintos líderes jerárquicos.
Si no lo hacen estarían dando pie a que se desconfíe de sus propósitos reales, pues aunque la fe religiosa exige creer aunque no veamos, la buena fe humana exige transparencia y franqueza.