La ola invernal que golpeó a 28 departamentos de Colombia, especialmente a Bolívar, tendrá consecuencias adicionales a la situación de emergencia que viven hoy unas dos millones de personas.Se requerirán unos 10 billones de pesos, según ha revelado el propio Gobierno nacional, para la recuperación de las personas y las regiones afectadas, y esa descomunal inversión en un año de elecciones regionales y locales es una tentación enorme para la politiquería corrupta.
Consciente de esta circunstancia, el Gobierno ha empezado a tomar las precauciones necesarias, empezando por realizar un censo de los verdaderos afectados, pues ya se tiene la experiencia después del terremoto de Popayán o la avalancha de Armero, donde aparecieron dos veces más damnificados que la población original.
Además de garantizar la entrega directa de ayuda, este censo permitirá evitar que los afectados sean utilizados con propósitos electorales en las regiones.
El riesgo es enorme, especialmente porque las inundaciones han provocado el desplazamiento de poblaciones enteras, una circunstancia que puede ser aprovechada por los políticos corruptos para practicar lo que se conoce como “trashumancia electoral” o traslado de votantes.
Aunque el censo pueda ser una herramienta eficaz para evitar ese riesgo, también puede servir para potenciarlo, si esas listas caen en manos de los politiqueros.
Es preciso que la propia comunidad sepa que debe mantenerse alerta para no caer en las trampas acarameladas de quienes les ofrecen subsidios, vivienda o inclusión en programas de recuperación económica.
Los damnificados no deben creerles a los candidatos que llegan a los sitios donde están albergados a prometerles el cielo y la tierra. El Gobierno y los organismos de socorro como la Cruz Roja o la Defensa Civil, han asumido la tarea de repartir las ayudas, identificar a los damnificados y diseñar programas de recuperación. Todas las otras organizaciones y empresas que han querido ayudar, están haciéndolo a través del Gobierno o de estos organismos de socorro.
De manera que quienes llegan repartiendo ayuda a diestra y siniestra son altamente sospechosos de utilizar el desastre invernal como herramienta para sus aspiraciones políticas o económicas, en algunos casos.
Deben desconfiar, especialmente, de personas u organizaciones que no tienen reconocimiento por su trabajo social en las comunidades, o a quienes nunca se les ha visto preocupados por el bienestar de los más pobres.
Quienes sufrieron el embate de las inundaciones tienen derecho a una ayuda para mitigar su tragedia y a ser incluidos en los programas de recuperación económica, y para hacer valer este derecho no están obligados a votar por determinados candidatos. Sólo tienen que responder con sinceridad las preguntas del formulario que en febrero empezará a repartirse en las comunidades, para ser incluidos en el Registro Único de Damnificados por Emergencia Invernal.
Si la enorme población afectada puede ser protegida de la voracidad politiquera, los proyectos y programas del Gobierno nacional para su recuperación y la reconstrucción de las zonas destruidas se hará más rápido y mucho mejor.
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