De Cardique al EPA

Después de varios años en que las directivas de Cardique se negaran a reconocer la jurisdicción del Establecimiento Público Ambiental (EPA) en el perímetro urbano de Cartagena, la Procuraduría General de la Nación puso fin a la polémica y dejó sin argumentos a quienes pretendían desconocer el nuevo ordenamiento jurídico. En efecto, Cardique deberá trasladar todos los expedientes que se encuentre tramitando sobre asuntos ambientales de la zona urbana de Cartagena, y para ello la Procuraduría le dio un plazo prudencial, vencido el cual, si no se ha cumplido la determinación, empezarán las investigaciones disciplinarias y las sanciones respectivas -según el Procurador- sin tardanzas. La conminación preventiva de la Procuraduría a Cardique corrige el desconocimiento reiterado por parte de la dirección de esta entidad de varios conceptos y advertencias de entidades y tribunales, entre ellos el Consejo de Estado, lo que a juicio del Ministerio Público es una extralimitación de funciones. Según el Procurador, no se trata sólo de corregir un comportamiento ilegal e irrespetuoso con las directrices de diferentes autoridades, sino de sentar un precedente importante para que los funcionarios que intentan pasar por encima de las normas entiendan las consecuencias que les acarreará. De aquí en adelante, Cardique no podrá ejecutar actuaciones o expedir actos administrativos relacionados con situaciones que ocurran dentro del perímetro urbano de Cartagena, y mucho menos podrá cobrar tasas retributivas, ni imponer multas a personas naturales y jurídicas que funcionen en la ciudad, porque estas funciones no le corresponden. Todas las empresas comerciales, entidades privadas o personas, cuyas actividades generen impacto sobre los recursos naturales dentro del perímetro urbano de Cartagena, tendrán que solicitar los permisos respectivos y realizar los trámites ante el EPA, que es legalmente la autoridad ambiental de esta ciudad, a la cual la Procuraduría advirtió sobre la obligación de prepararse para asumir estas nuevas tareas. Esta conminación tiene un alcance mayor que cualquiera de las advertencias anteriores. El Procurador General asegura que de incumplirla, hay herramientas disciplinarias que podrían acarrear sanciones drásticas, adicionales a la destitución que le fue aplicada en primera instancia al director de Cardique por lo que la Procuraduría calificó como la realización ilegal de contratos, violando la ley de garantías electorales. Además, la Procuraduría ordenó a su Dirección Nacional de Investigaciones Especiales que conforme un grupo de seguimiento, que vendrá a Cartagena a acompañar el proceso de traslado de los expedientes de Cardique al EPA. Es una noticia excelente para los cartageneros, cuyos dineros se invertirán ahora en la ciudad, y una advertencia tajante a quienes manejan entidades públicas sin tener los cuidados máximos. Tranquiliza saber que todavía es posible frenar la transgresión a las normas, y que los organismos de control y defensa de los derechos de la gente siguen vigilantes, pues eso constituye la mejor motivación para que los ciudadanos se decidan a participar en el control de la gestión pública.