Es notable la actividad del Gobierno nacional para defender el ambiente en Colombia. En estos días, Minambiente paró un túnel vial en Antioquia, importantísimo para los paisas, pero no bien estudiado según el Gobierno, y también se esfuerza por regular la minería, en la que como en tantas otras actividades, prima la informalidad de la pequeña minería. Éste es un problema viejo al que ningún otro gobierno le había parado mayores bolas.
Desde hace más de 30 años es notoria esta actividad destructiva para el ambiente, tal como se puede ver desde la Troncal de Occidente, en el departamento de Antioquia. En varias partes los mineros informales devastaron –y devastan– la tierra usando chorros potentes de agua expulsados por motobombas. Muchos lugares parecen cráteres lunares y sitios bombardeados.
Esta minería ilegal de cualquier escala se hace a la luz pública, así que no puede tomar a nadie por sorpresa. Y también se sabe que buena parte la ejercen los grupos armados ilegales de todos los pelambres por intermedio de terceros, a las buenas o a las malas.
En el Acuerdo para la Prosperidad número 65, celebrado en Leticia (Amazonas), el presidente Santos dijo: “Por eso vamos a estudiar con el Ministerio de Defensa decretar toda esa área y la explotación de esos minerales como una reserva estratégica por razones de seguridad nacional”. Según el comunicado de ayer de la Presidencia, “el Gobierno estudiará medidas para combatir la explotación ilegal de minerales estratégicos como las llamadas tierras raras y el Coltán en la región amazónica, por razones de seguridad nacional”.
Santos también invoco razones ambientales: “El Mandatario explicó que el Ministerio de Minas elaboró mapas de los lugares en donde se explotan de manera ilegal esos minerales, destruyendo la región selvática y ocasionando daños irreversibles al medio ambiente”. Se quejó porque “esas tierras raras las están explotando en su mayoría, en su inmensa mayoría, mineros ilegales que están creando todo tipo de desastres en materia ambiental. Y ya se comienzan a ver los rezagos y las consecuencias de esos desastres ambientales”, señaló.
Aplaudimos y apoyamos esta preocupación por el ambiente y por estimular la minería legal y ambientalmente responsable, pero le reclamamos al Presidente el mismo entusiasmo y rigor con la conservación de las especies en el Mar Caribe, donde hay pescadores con patente de corso otorgada por el propio Estado para saquear nuestros mares de manera cruel e indiscriminada.
Nos referimos a la pesca con palangre, unas artes malévolas que arrasan con todo, 24 horas al día, todos los días del año. Hay suficiente experiencia en el mundo, toda documentada, que demuestra que se debe terminar la pesca con palangre, especialmente la industrial, que termina siendo una sobrepesca bárbara e injustificada.
Ningún país civilizado la permite, pero en Colombia no parece haber quien la pueda parar, ni siquiera un presidente que se precia de ser afín al mar por su periplo como cadete de la Escuela Naval Almirante Padilla, de la Armada Nacional.
El presidente Santos, para ser consistente con su discurso ambiental, necesita prohibir esta pesca en Colombia.
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