El miércoles pasado, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) emitió el “Boletín de Prensa 043: Iglesias cristianas se comprometen con el EPA a evitar contaminación sonora”, relatando su acuerdo con la Asociación de Pastores de Cartagena para que sus afiliados no contaminen con ruido. El acuerdo es importante, como siempre lo es cuando cualquier ciudadano o institución corrige el rumbo, aunque acogerse a la ley es una obligación obvia de todos, y que en este caso está reglamentada por el Decreto 948 del 5 de junio de 1995. Las iglesias “cristianas”, mote que en el argot popular se refiere sólo a las protestantes, tienen la costumbre de acudir al “culto” en masa. Celebran sus reuniones con equipos de sonido a volumen alto y con sermones a gritos. Eso no importaría si no obligaran al vecindario a oírlos a la fuerza. Los pastores son conscientes de que este estilo ofende e irrita a las personas que no son de su persuasión, e inclusive, a algunas que lo son. No es una manera efectiva de hacer adeptos, sino lo contrario. Esta práctica, al igual que muchas otras de distintos individuos y grupos, irrespeta a la comunidad, por aquello de que la libertad propia comienza donde termina la de los demás. Y además, ¡es ilegal! Para evitar molestar en las zonas urbanas apretujadas, donde la gente no puede escapar a picós ni a otras fuentes de ruido dañino y descarado, algunos pastores recurren al campo, pensando que allí sí pueden dar rienda suelta a su oratoria inspirada, pero también molestan y es igualmente ilegal el ruido de sus equipos de sonido, como lo es el de algunos habitantes desconsiderados y negocios abusivos, que equiparan campo con impunidad. El Artículo 44 del decreto mencionado dice: “Altoparlantes y amplificadores. Se prohíbe el uso de estos instrumentos en zonas de uso público y de aquellos que, instalados en zonas privadas, generen ruido que trascienda al medio ambiente...”. ¡Más claro no canta un gallo! Y el 45 añade: “Prohíbese la generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas”. Cardique haría bien en hacer el mismo acuerdo con los pastores, pero también le debería exigir a la Policía de los municipios de su jurisdicción que haga cumplir las normas. El ruido de los bares en Bayunca y Pontezuela, que nada tiene que ver con los pastores, es insufrible, y la Policía ni Cardique lo controlan. Y la de Turbaco a veces parecería proteger más a los infractores de las normas contra el ruido que a la comunidad. Del estropicio en el pueblo, ni hablar, y el de los alrededores del Jardín Botánico es aterrador, pero no pasa nada cuando se llama a la Policía, a pesar de que su labor debería ser de oficio. La Policía tiene muchas tareas importantes, pero la ilegalidad del ruido debería combatirla con ahínco, no sea que se vuelva tan incontrolable como otras –el mototaxismo, por ejemplo-, inocuas al principio, pero que desbordaron casi todos los controles.
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