El Decreto 1023 del 14 de octubre pasado, que prohibió la venta de licor los viernes, sábado, domingo y lunes festivos entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, fue extendido hasta el 31 de diciembre. Pretende evitar las riñas y la violencia callejera, que suele dejar muertos todos los fines de semana. Desde que lo implantaron, bajó la violencia en las barriadas y seguramente también disminuyeron las golpizas intrafamiliares originadas por la conflagración entre alcohol, celos y machismo. El Decreto 1023 también prohíbe los picós y equipos de sonido en áreas públicas, y en sitios privados cuando la música es alta y la pueden oír los vecinos. La Policía puede confiscar los equipos aunque estén dentro de una casa o patio privado si perturban al vecindario y el sonido pasa de los decibeles permitidos por la ley. La modificación que le acaba de hacer la Administración no sólo fue la extensión hasta el último día de diciembre, sino que le añadió más barrios. Ya incluye 55, pero lamentablemente no están algunos que también deberían: los de estrato alto. Si bien en éstos no emplean picós en la calle, sí hay una molestia casi igual de perversa: los equipos de sonido rodantes de los hijos de papi, que son de varios estratos económicos, y no solo de los más altos. Los “carro bares” pueden ser de jóvenes vecinos del mismo lugar donde perturban la paz, o también pueden llegar de otras zonas. Sus sitios predilectos son los alrededores de los parques y –donde los hay- los paseos peatonales. El Distrito también está en mora de hacer cumplir las normas del sonido máximo permitido en áreas públicas a algunos clubes y restaurantes, especialmente aquellos enclavados en barrios residenciales, y a los barcos y embarcaciones de alquiler y privadas que navegan de noche con orquestas y equipos de sonido, molestando a los vecinos de los litorales de Manga y Bocagrande. Por otro lado, muchas lanchas privadas, dejadas al libre albedrío de sus pilotos, esperan pasajeros en los muelles de los barrios residenciales con los equipos a todo volumen, de día y de noche. Quizá no ocasionen muertos, pero ¡con seguridad estimulan las úlceras de algunas de sus víctimas impotentes! La Administración debería hacer un convenio con Guardacostas para acabar con el descaro e impunidad de estas naves. Los equipos de todas estas embarcaciones y autos también deberían ser confiscables, ya que sus dueños estiman que su volumen no es “bajable”. Aunque la solución definitiva a los comportamientos abusivos de distintos tipos que pululan en nuestra ciudad se puede obtener solo a través de la educación, también es cierto que ésta incluye no solamente la enseñanza por estímulos positivos, sino mediante las penalidades por incumplir las normas. Son las dos caras de la misma moneda. Las reglas tienen que tener consecuencias que se cumplan inexorablemente para que hasta los malandrines sepan a qué atenerse si no las acatan. Por lo pronto el Decreto 1023 parece funcionar, pero es inequitativo que solo se aplique a las barriadas populares, cuando las demás también lo necesitan.
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