Dos graves accidentes ocurridos ayer en Manga y provocados por la caída de materiales de edificios en construcción, sobre casas o apartamentos vecinos, prenden nuevamente las alarmas sobre la falta de control a estas obras que tienen las autoridades de Cartagena. La indiferencia absoluta que han mostrado hacia los derechos de los vecinos los constructores de estos dos edificios, y de muchos otros en la ciudad, es una enorme arbitrariedad que empieza desde los trámites para obtener la autorización, sin analizar los planes obligatorios de seguridad; y termina en las dependencias distritales de control urbano, que no comprueban si tales planes de seguridad se pusieron en práctica con las especificaciones establecidas. Casi sin excepción, a los vecinos no se les informa que las construcciones cercanas deben ser consultadas previamente con ellos y que sus objeciones deben tenerse en cuenta antes de empezar las obras. Tampoco se les exige a los constructores instalar las protecciones pertinentes para no causar daños a las edificaciones vecinas, y sólo cuando hay accidentes, se actúa con cierres provisionales, que muchas veces son burlados descaradamente y con impunidad. En uno de los edificios de Manga mencionados al principio, el accidente de ayer es el tercero que se presenta y que provoca daños a un conjunto residencial aledaño, lo que demuestra que no adoptaron las protecciones que les exigió la autoridad luego de los dos percances anteriores y que motivaron la suspensión de las obras. Después del primer accidente, los funcionarios de la Admnistración distrital debieron informar a los perjudicados su derecho a interponer las acciones legales pertinentes contra los constructores, para garantizar el respeto por sus derechos, e incluso la posibilidad de exigir indemnización por los daños ocasionados por la obra, además de la reparación de los mismos. Las autoridades no pueden esperar a que se presenten heridos o muertos por causa de la falta de previsión en las construcciones, y mucho menos tolerar que no se instalen las protecciones exigidas por la ley, o que se instalen a medias, buscando ahorros a costa de la tranquilidad y la integridad de los vecinos. Cartagena ha sido tradicionalmente el paraíso de la informalidad, y en ocasiones, la tolerancia al incumplimiento de las normas se debe a que los encargados de verificar esta obligación se hacen los de la vista gorda. La informalidad y el atropello pueden tener consecuencias graves. Y si hay pérdida de vidas humanas, hacerse el de la vista gorda se vuelve un acto criminal. Es preciso que los ciudadanos tomen conciencia de la necesidad de conocer sus derechos y defenderlos, en el caso de las obras de construcción y en muchos otros, porque exigir la protección de su vida y de sus bienes es un principio constitucional inviolable. El argumento de que no se puede frenar el desarrollo urbano, imponiendo exigencias a los constructores, no sólo resulta ilegítimo, sino infame, cuando se trata de proteger a la gente y a sus hogares. Sería muy grave que accidentes como los de ayer siguieran ocurriendo y no haya consecuencias para quienes los causaron.
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