Del dicho al hecho

Juan Manuel Santos está empeñado en sacar adelante la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras contra viento y marea. A los alcaldes y gobernadores recién electos, con quienes estaba reunido en Bogotá, les dijo que “Devolver las tierras a los despojados es un proyecto de todos”. Es decir, de él y de ellos.Santos pidió colaboración para el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural que se presentará el primer semestre del año entrante ante el Congreso y dijo “Ayúdennos a apoyarlo, entre otras cosas, porque este proyecto contempla Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial”.
Aunque es cierto el adagio de que del dicho al hecho hay mucho trecho, es notorio el esfuerzo del Gobierno para restituir las tierras.
Antier y ayer El Universal informaba acerca del encarte de varios funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y de El Carmen de Bolívar por motivos diversos, incluido porque algunas tierras despojadas a bolivarenses se registraron a nombre de otros.
Aunque algunos funcionarios y sectores de estas oficinas han sido unos focos de corrupción y el centro del despojo de las tierras, no son los únicos, ya que no pueden hacer todo solos.
Hay un tinglado de abogados, empleados corruptos en las alcaldías y testigos falsos en muchas ciudades y pueblos que trabajan en equipo para robarle las propiedades a las personas, no solo las rurales, sino urbanas. Hasta esos cómplices también tiene que llegar la ley y la justicia, y frenarlos tiene que entenderse como parte del pedido de Santos a los alcaldes y gobernadores recién elegidos, o no se habrá hecho nada.
Según Santos, “En lo corrido del año hemos formalizado, adjudicado, titulado o restituido 724 mil hectáreas, beneficiando a más de 30 mil familias”.
Algo ha fallado a juzgar por la marcha de los campesinos desde Mampuján a Cartagena, quienes reclaman los beneficios económicos que les dio la ley hace 8 meses al fallar en contra de “Diego Vecino” y “Juancho Dique”. Los campesinos tienen su tierra, pero dicen no tener con qué sembrarla, carencia que se solucionaría si les entrara el dinero con que los condenados deben repararlos.
Si el agro ha de ser una de las locomotoras del país no basta con decirlo, ni con que se habilitarán miles de hectáreas del sur del país para grandes plantaciones de distintos productos, al estilo de Brasil, todo lo cual está muy bien, sino que hay que simplificar la tramitomanía y agilizar la paquidermia estatal, porque las decisiones en el papel, aunque estuvieren en firme, no alimentan a nadie, especialmente a los campesinos. Los tiempos del agro son precisos y no aguantan la ineficiencia burocrática que domina el país.
Así que para pasar del dicho al hecho en la restitución de tierras y la producción del agro falta el esfuerzo mancomunado de todos los funcionarios del Estado y de todos los alcaldes y gobernadores recién electos.