Editorial


DIH a conveniencia

Faltando ocho días para las elecciones presidenciales, las Farc y el Eln están ejecutando acciones que parecer tener como fin ofrecer una imagen de fortaleza y capacidad destructiva. Ayer, por segunda vez en menos de una semana, guerrilleros de las Farc retuvieron una caravana de la campaña del candidato liberal Rafael Pardo. También se conoció un video en el que se observan personas uniformadas con buzo y pantalón del mismo color, el rostro cubierto con un pañolón color rojo y negro con las letras Eln, algunas con fusiles, en una formación militar dentro de una de las plazoletas de la Universidad Nacional de Bogotá. Estos dos actos se suman a los ataques de las Farc en el departamento del Cauca, realizados sin considerar víctimas civiles y violando los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Al tiempo que los medios informaban sobre estos actos de las guerrillas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunciaba la inclusión de las Farc y del Eln entre los 16 grupos armados del mundo que violan de manera sistemática los derechos de la infancia. En el informe anual del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, sobre la situación de los menores en los conflictos armados, los dos grupos armados ilegales aparecen en la lista de los mayores reclutadores de niños en el planeta. Ya numerosas ONG, como la Coalición Española contra la utilización de menores en conflictos armados, habían denunciado el reclutamiento de miles de menores por parte de las Farc y el Eln, reclamado de la Unión Europea que presionara a Colombia para que busque su liberación. Las acciones violentas, los ataques a la democracia electoral y la evidencia inequívoca de que reclutan menores por la fuerza han demostrado sin duda alguna que las Farc y el Eln no son grupos insurgentes con un ideal político, sino terroristas que mantienen a cientos de secuestrados y pretenden utilizarlos en su estrategia de impulsar un “intercambio”, que a juzgar por las condiciones inhumanas en que mantienen a los cautivos, nada tiene de “humanitario”. Sin embargo, otro grupo de 17 ONG colombianas, que pretenden luchar por la libertad y los derechos humanos, emitieron ayer un comunicado de respaldo al juez ecuatoriano que ordenó la captura del ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por considerar que el ataque al campamento de Raúl Reyes es un “crimen” cuyos autores deben pagar. Pierden credibilidad estas ONG que consideran al abatido jefe de las Farc como la “víctima” de un crimen, mientras otras organizaciones sociales y la propia ONU denuncian a este grupo guerrillero como lo que ahora son: una banda de criminales que violan persistentemente los derechos de los niños, y que se equiparan a los extremistas talibanes afganos, al grupo Al Qaeda, a la milicia islámica Al Shabab y la sanguinaria guerrilla ugandesa del Ejército de Resistencia del Señor. Ya es hora de acabar la tolerancia y empezar a procesar judicialmente a las ONG y asociaciones que se dedican a lavar la imagen de quienes, como las Farc y el Eln, utilizan a los niños “como espías, esclavos sexuales y asistentes logísticos”, según el Secretario General de la ONU, y que utilizan el DIH a su conveniencia.

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