El pasado lunes, la ministra de Educación, María Fernanda Campo y el viceministro de Educación Superior, Javier Botero, radicaron ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior, y de inmediato se desencadenaron protestas estudiantiles que paulatinamente están desembocando en ceses de actividades académicas en algunas universidades oficiales, entre ellas la de Cartagena.
La ministra defiende con vehemencia la reforma y asegura que con ella se busca “mejorar la calidad de la educación en todos los niveles: técnico, tecnológico y universitario”, que haya “más equidad y acceso para los jóvenes más pobres” y que “el sistema de educación esté a tono con las grandes demandas de un recurso humano cada vez más capacitado”.
El viceministro de Educación Superior resalta que del proyecto se eliminó la inversión privada y la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro, y que uno de sus objetivos es garantizar el acceso de un número mayor de bachilleres a la educación superior, especialmente de los estratos bajos.
Pero las organizaciones estudiantiles nacionales, como la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU), por el contrario, dicen que sólo se están dando recursos adicionales a la educación superior, y no se aumentan “los escenarios de calidad académica”, y que la reforma en su conjunto, tiende hacia la privatización de la enseñanza pública.
El proyecto, tal como se radicó ante la Cámara, prevé ampliar la cobertura del sistema, de 35% (incluyendo al Sena) a por lo menos un 50% de la población en edad de estudiar una carrera profesional, para lo cual se incrementará anualmente el presupuesto para la educación superior en el 30% del porcentaje de crecimiento de la economía, si es menor del 5%; del 40% más, si el PIB crece menos del 7,5%; y del 50% si crece más.
Habría que calcular si para la gran cantidad de nuevos estudiantes es suficiente el aumento de los recursos, de manera que no se paupericen las universidades públicas sin mejorar su calidad.
Los dirigentes estudiantiles se quejan de que no conocen el proyecto, pero afirman que éste contiene los puntos en los cuales no estuvieron de acuerdo con el Ejecutivo.
Es fácil salir de dudas, porque el texto del articulado puede ser bajado de una página de Internet llamada Red Alma Máter (http://www.almamater.edu.co/sitio/contenido-modificaciones-ley-30-educacion-superior-470.html) incluyendo la exposición de motivos y algunas estadísticas actualizadas de la educación superior en Colombia.
Durante la discusión del proyecto en el Congreso, seguramente los estudiantes tendrán la oportunidad de expresar sus objeciones de manera profunda y motivada, más allá de la consigna gastada “Abajo la privatización de las universidades públicas”.
Como lo dijo el propio presidente de la FEU, Jairo Rivera, los estudiantes deben “seguir profundizando y afianzando la discusión y el debate”, y un paro no es, objetivamente, la mejor manera de hacerlo. Y como sucede casi siempre con los paros, una minoría beligerante atropella los derechos de la mayoría, usualmente opuesta a esa clase de soluciones, aunque de manera apática.
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