La dinámica gubernamental de una ciudad, sobre todo en tiempos de competencia a escala mundial, exige una gestión más eficaz e integrada de los recursos disponibles y, naturalmente, una dosis de honestidad, ética e imaginación cuando esos recursos son reducidos.
Los ciudadanos están cada vez más conscientes de que su aspiración a una mejor calidad de vida es un derecho legítimo, y los gobiernos tienen que responder a ello con políticas concretas y no con retórica.
Además, cada día hay más ciudadanos instruidos que ejercen su facultad de fiscalizar las acciones de los gobiernos, de manera que en el sector público se hace perentoria una mayor transparencia, lo que exige que se deleguen competencias y se descentralicen servicios, aprovechando el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y la comunicación.
Ya no hay sector de la sociedad que no utilice un andamiaje tecnológico para modernizar y hacer más eficientes sus funciones y procesos. En el sector público, la tecnología ha modificado a profundidad los paradigmas que gobernaban las concepciones de gestión y la adquisición de bienes y de servicios.
Pero los aspectos en los que pueden cambiarse enormemente la eficiencia y la honestidad de la administración pública son la simplificación de los trámites y el acceso de los ciudadanos a la información.
El llamado “gobierno en línea”, asimilado al de “gobierno electrónico”, es una realidad en Colombia hace muchos años, bajo la perspectiva de la prestación de los servicios públicos y de interacción de la administración con los ciudadanos.
La puesta en marcha de proyectos de “gobierno en línea” también se ha convertido en los últimos años en el mejor medio para mejorar el acceso de los ciudadanos a la información estatal, y sus procesos han garantizado la transparencia, moralidad, economía y celeridad para una mejor calidad de la gestión pública.
El gobierno electrónico permite a las administraciones de las ciudades aplicar políticas de cimentación de los datos de su gestión, al tiempo de provee al ciudadano de la marcha y la orientación de las decisiones públicas.
También permite un proceso de transformación y un replanteamiento de la infraestructura de la administración pública local, que en el caso de Cartagena ha venido implementándose desde hace más de 10 años, pero que ha funcionado con muchos altibajos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es incomprensible y no tiene justificación que las páginas web de la Alcaldía de Cartagena y del Concejo Distrital no estén concebidas para proporcionar fácilmente cualquier información o servicio que requiera el ciudadano y, lo que es peor, no tengan información actualizada y completa.
Las herramientas están a la mano, pero deben usarse, y usarse bien.
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