Hace unos ocho meses, el Observatorio del Concejo –un proyecto de veeduría ciudadana que ejecuta la Fundación Cívica Pro Cartagena (Funcicar)– empezó a utilizar un sistema de evaluación del trabajo de los concejales locales, basado parcialmente en la metodología que se usa en otras ciudades colombianas, para calificar su desempeño.
Esa calificación empezó a divulgarse semanalmente a través del noticiero del Canal Cartagena, -hace también 8 meses- con una imagen de los concejales que habían tenido el mejor y el peor desempeño en ese período.
Este año, El Universal –que es uno de los socios de Funcicar y apoya todas sus iniciativas de transparencia- decidió incluir en su sección política la reseña diaria sobre la actividad en el Concejo y la misma calificación semanal del desempeño de los concejales que da a conocer el Observatorio del Concejo a través del Canal Cartagena.
Esta calificación, cuya divulgación es un servicio publico que fomenta la democracia y la libertad de expresión, apenas apareció en El Universal, suscitó en algunos concejales de Cartagena una reacción indignada y desmedida, atribuyéndonos montar una plataforma para un ataque “mal intencionado” contra ellos.
Incluso, el concejal Antonio Salim Guerra, de Cambio Radical, aunque después moderó su posición, sugirió que “en nuestro recinto y escenario, el Observatorio no debe estar”, con lo cual desconocía los derechos y las herramientas que la Constitución ofrece a cualquier ciudadano para ejercer control sobre los cuerpos colegiados y los funcionarios públicos, y proponía ejercer una censura que por fortuna hace mucho tiempo ha sido erradicada en gran parte en Colombia. Menos mal que después recapacitó y declaró al Concejo de puertas abiertas a la ciudadanía.
No vamos a repetir los elementos en que se basa el Observatorio para evaluar y calificar el trabajo de los concejales, porque en una nota amplia publicada ayer los describimos, pero sí queremos recordar que no es función del Observatorio ni de El Universal “perseguir” políticos, y que la publicación de estas evaluaciones tiene como propósito informar a la ciudadanía cómo actúan aquellos a quienes eligieron para representarlos en la toma de las decisiones para el desarrollo local.
Las malas calificaciones de las que se quejan quienes las obtuvieron por su desempeño son responsabilidad exclusiva de ellos, y deberían proponerse mejorarlas, trabajando de manera más eficiente para cumplir sus funciones, de manera que puedan llegar al pináculo de laboriosidad que merecen sus electores. Después de todo, para eso les paga la ciudadanía.
No nos apartaremos de nuestra misión de dar a conocer el desempeño de los gobernantes y legisladores, o de apoyar y divulgar los informes de quienes también lo hacen. La evaluación del trabajo del Concejo no es una dádiva que esta corporación le otorgó a los ciudadanos, a los medios, o al Observatorio, sino el ejercicio de un derecho fundamental que no puede ser invalidado por ninguna salida de casillas de ellos ni de nadie.
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